La Defensoría del Pueblo acompañó, en el Congreso de la República, una mesa de trabajo intersectorial liderada por la Universidad de los Andes sobre la modernización del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) como política de Estado. 

El espacio reunió esfuerzos orientados a avanzar hacia una vacunación accesible, equitativa y oportuna en todas las etapas de la vida. Además, hace parte del acompañamiento que viene realizando la Defensoría a las sociedades científicas, las organizaciones de la sociedad civil y la academia para fortalecer la garantía del derecho a la salud mediante la inmunización. 

A través del diálogo interinstitucional y del seguimiento a las barreras de acceso, la entidad promueve que la protección llegue efectivamente a niñas, niños, adolescentes, personas adultas, gestantes y personas mayores, con especial atención a las comunidades y los territorios que enfrentan mayores dificultades. 

 

En el marco del encuentro, la Defensoría del Pueblo destacó tres preocupaciones que requieren una respuesta coordinada: 

1. Brotes de dengue y tosferina y su impacto desigual en las comunidades 

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), en la semana epidemiológica 40 de 2026 el dengue se encontraba en situación de brote en el país, con 19 entidades territoriales por encima del comportamiento esperado. Esta situación exige fortalecer la prevención, el control del vector, la vigilancia y la atención oportuna. 

En el caso de la tosferina, la disminución de los casos confirmados a nivel nacional frente a 2025 contrasta con el incremento registrado en la población indígena. En el periodo epidemiológico IX de 2026, el INS reportó 171 casos, frente a 90 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 90 %. Asimismo, los casos en áreas rurales y dispersas pasaron de 141 a 244. 

Estos resultados evidencian la necesidad de examinar las diferencias territoriales y poblacionales que pueden quedar ocultas detrás de los indicadores nacionales y de reforzar las medidas de protección dirigidas a estas comunidades. 

2. Brechas territoriales de vacunación y barreras en la ruralidad dispersa 

El Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes, a partir de reportes del Ministerio de Salud, documentó que en 2025 la cobertura de la tercera dosis de la vacuna pentavalente en menores de un año fue del 92,4 % a nivel nacional. En contraste, alcanzó el 53,0 % en Vichada, el 61,4 % en Buenaventura, el 79,9 % en Vaupés y el 81,1 % en Chocó. 

Estas diferencias requieren respuestas adaptadas a las condiciones de cada territorio. 

Frente a estas brechas, la Entidad destaca la necesidad de fortalecer la vacunación extramural, los equipos de salud y la participación comunitaria, mediante estrategias concertadas con los pueblos étnicos. 

Vivir en una zona rural dispersa no puede convertirse en una barrera para acceder oportunamente a las vacunas. La disponibilidad de los biológicos debe estar acompañada de condiciones efectivas de transporte, conservación y continuidad de los servicios. 

3. Bajas coberturas de vacunación contra el VPH y sus implicaciones para los derechos de las mujeres 

El mismo Observatorio reportó que, en 2025, la cobertura nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) fue del 54 % en niñas de nueve años y del 44 % en niños de la misma edad. 

La prevención del cáncer de cuello uterino exige un enfoque de género que reconozca cómo las desigualdades sociales y las barreras de acceso a la vacunación, la tamización y el tratamiento afectan la salud y los derechos de las mujeres. 

Por ello, la Defensoría recomienda garantizar información clara y libre de estigmas, fortalecer la vacunación escolar y comunitaria e incluir a niñas, niños y adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo. 

Esta labor debe articularse con las acciones de detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino. 

Un compromiso que debe traducirse en acciones 

La Defensoría del Pueblo reitera la importancia de que el Ministerio de Salud, las entidades territoriales, las EPS y los prestadores traduzcan estos compromisos en acciones verificables, con recursos suficientes y seguimiento a las brechas existentes. 

Garantizar la inmunización a lo largo de la vida es una responsabilidad del Estado y una condición fundamental para proteger el derecho a la salud en todos los territorios.