Barranquilla, 11 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). El día de ayer, el Ministerio de Justicia y del Derecho puso en conocimiento público las amenazas dirigidas contra el Presidente de la República, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Director General del INPEC y el personal penitenciario. Asimismo, los dragoneantes del establecimiento penitenciario El Bosque, Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, resultaron heridos en Barranquilla en un atentado cuando salían de su turno.

Rechazamos estos hechos, expresamos nuestra solidaridad con los dragoneantes, sus familias, compañeros y con las autoridades del Gobierno amenazadas. Estás se presentan en un contexto en el que el alto Gobierno ha adoptado medidas conducentes a garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas penitenciarias para todas las personas sometidas a privación de la libertad, las cuales han incluido traslados de centros penitenciarios de personas privadas de la libertad.

Las amenazas y la violencia producidas buscan condicionar las decisiones legítimas y necesarias de las autoridades. Sin embargo, estas medidas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y en la potestad penitenciaria que ejerce el Estado: son especialmente necesarias para el control de los establecimientos de reclusión y para impedir que desde su interior se sigan cometiendo actos ilegales.

Los nuevos hechos se suman a una cadena de violencias en el sistema penitenciario y carcelario que incluye el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los atentados perpetrados en 2025 contra funcionarios del INPEC que cobraron la vida y afectaron la integridad de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva. Su persistencia evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección del personal penitenciario y de sus familias.
 
Reiteramos nuestra disposición a contribuir para que las medidas de seguridad y control penitenciario sean efectivas, estén debidamente planeadas y contemplen los riesgos asociados a su implementación, con pleno respeto de los derechos humanos de todos los actores del sistema.

Con ese propósito, retomamos las recomendaciones que hemos formulado desde octubre de 2025 y proponemos:

• Al Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC: avanzar, en coordinación con la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades territoriales, en un plan de protección del personal penitenciario. Este plan debe incluir valoración individual de riesgos, medidas de protección para los servidores y sus familias dentro y fuera de los establecimientos, rutas de atención inmediata y acompañamiento psicosocial y jurídico.
• Al Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC: fortalecer el plan de seguridad penitenciaria con medidas objetivas, motivadas y proporcionales que permitan mantener el orden y el control. El plan debe considerar los riesgos de las personas privadas de la libertad, el impacto de los traslados, las condiciones de los establecimientos de destino y los derechos de esta población y de sus familias. También debe contar con responsables, indicadores y mecanismos de seguimiento.
• Al INPEC y a la Policía Nacional: reforzar los protocolos de seguridad de los traslados para proteger tanto al personal encargado de ejecutarlos como a las personas privadas de la libertad.
• A la Fiscalía General de la Nación: investigar con celeridad el atentado y las amenazas, verificar la autenticidad del panfleto que ha circulado y judicializar a los responsables.
• Al INPEC: brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a los dragoneantes heridos en Barranquilla y a sus familias.

Continuaremos acompañando, en el marco de nuestras competencias, las acciones que permitan fortalecer la seguridad penitenciaria y garantizar los derechos de todas las personas en el sistema.