Bogotá, 19 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). Expresamos nuestra profunda preocupación por las amenazas de muerte denunciadas contra Yessika Hoyos Morales del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Candelaria Barrios Acosta, Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro, integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), capítulo Sucre.

Según la denuncia del CAJAR, las amenazas fueron recibidas el 18 de octubre y estarían relacionadas con la reciente condena judicial por la masacre de La Guaripa, ocurrida en Sucre en 2018, un proceso en el que las personas amenazadas han acompañado la búsqueda de justicia de las víctimas.

Es inadmisible que quienes representan a las víctimas y trabajan por el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos sean objeto de intimidaciones por ejercer su labor. Estas amenazas no solo ponen en riesgo su vida e integridad, sino que también afectan las garantías de acceso a la justicia y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

En 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas cautelares a favor de miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Sucre, solicitando al Estado colombiano adoptar medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los beneficiarios y permitir la continuidad de su labor, así como informar sobre las acciones adelantadas para investigar los hechos denunciados, medida que cobija a Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro amenazados por estos nuevos hechos.

Igualmente, en 2023 la Corte IDH, emitió la Sentencia CAJAR vs. Colombia en la que declaró responsable al Estado colombiano por violaciones sistemáticas contra los integrantes del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR) y sus familias durante más de tres décadas. Estas sentencias internacionales son un agravante a los hechos de amenaza ocurridos recientemente y profundizan la necesidad de una respuesta y acción integral del Estado.
 
Ante estos hechos:

• Instamos a la Fiscalía General, al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Sucre y a las alcaldías correspondientes a activar de inmediato las rutas de prevención y protección, y convocar con urgencia las instancias territoriales de garantías.
• Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación investigar estas amenazas con celeridad y debida diligencia, identificar a sus responsables y esclarecer una posible relación con el proceso judicial.
• Hacemos un llamado al Gobierno nacional a reconocer públicamente la labor legítima del CAJAR y del MOVICE, abstenerse de cualquier forma de estigmatización e informar sobre estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El avance de la justicia no puede convertirse en una amenaza para la vida. El Estado debe garantizar que las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones de víctimas y quienes ejercen su representación judicial puedan desarrollar su labor con libertad y seguridad.