Bogotá, 31 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). Saludamos la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de prorrogar el mandato de la Misión de Verificación. Su carácter unánime expresa la importancia de seguir avanzando en la implementación del Acuerdo Final de Paz del 2016 con las extintas FARC como un asunto prioritario para la seguridad y los derechos humanos en Colombia. Este es un momento para hacer un reconocimiento y manifestar gratitud por la labor de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en nuestro país.

Sin embargo, la exclusión de la Reforma Rural Integral de las funciones de verificación de la Misión, correspondiente al punto 1 del Acuerdo Final de Paz, obliga a la institucionalidad colombiana a redoblar esfuerzos para supervisar su cumplimiento.

Durante estos años, la Misión ha desempeñado un papel fundamental en el seguimiento independiente a los compromisos del Acuerdo, la identificación de obstáculos para su implementación y la construcción de confianza entre las instituciones, las comunidades, organizaciones campesinas y firmantes de paz. Reducir el alcance de esa verificación internacional representa una pérdida de un mecanismo valioso de seguimiento y acompañamiento, especialmente cuando persisten importantes desafíos para transformar las condiciones que han alimentado históricamente el conflicto armado.

El cumplimiento del punto 1 sobre Reforma Rural Integral está estrechamente relacionado con la garantía de los derechos de las comunidades campesinas y étnicas, el acceso a la tierra, la reducción de las desigualdades territoriales y la construcción de condiciones para una paz sostenible. Las garantías de seguridad de los territorios requieren, para su sostenibilidad, avanzar simultáneamente en las transformaciones sociales, económicas e institucionales previstas en el Acuerdo.

La modificación del mandato de verificación no reduce ni modifica las obligaciones constitucionales del Estado colombiano frente a la implementación integral del Acuerdo de Paz. Los compromisos del Acuerdo trascienden los gobiernos y deben continuar siendo una prioridad para todas las instituciones.

En consecuencia, hacemos un llamado al Gobierno nacional para que garantice la continuidad de la implementación de la Reforma Rural Integral, fortalezca los mecanismos públicos e independientes de seguimiento y asegure que las comunidades rurales tengan una participación efectiva en las decisiones que afectan sus territorios.

La paz no se consolida únicamente con la reducción de la violencia. También exige cumplir las transformaciones que el país acordó para superar las causas estructurales del conflicto. Desde la Defensoría del Pueblo continuaremos haciendo seguimiento al cumplimiento de estos compromisos, poniendo en el centro los derechos de las víctimas y de las comunidades históricamente afectadas por la violencia.