• Se revisó el cumplimiento de las 30 recomendaciones de la Alerta Temprana 001 de 2026. 
• Entidades, Fuerza Pública, Ministerio Público y comunidad participaron en el ejercicio. 

Los días 22 y 23 de octubre se realizó en los municipios Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda) la segunda misión de verificación de la Alerta Temprana 001 de 2026, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Participaron entidades del orden nacional, departamental y municipal, la Fuerza Pública, el Ministerio Público y la comunidad, con el fin de revisar el avance de las acciones institucionales frente a los riesgos advertidos para la población civil. 

La Alerta Temprana 001 de 2026, emitida el 9 de enero por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), advierte un riesgo alto para la población de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, el cual se explica por la consolidación del ELN y la expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), grupos que buscan controlar corredores estratégicos hacia el Chocó, Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca, así como economías ilícitas como la minería ilegal. 

Un panorama de riesgo documentado 

La alerta documentó que los homicidios en estos tres municipios pasaron de 14 en 2024 a 39 en 2025. También registró desplazamientos y confinamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de amenazas y extorsiones contra la población y sus liderazgos. A ello se suma el riesgo de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en especial de los pueblos indígenas. 

Para prevenir estas situaciones, la Defensoría formuló 30 recomendaciones a entidades del orden nacional, departamental y municipal, las cuales abarcan la presencia de la Fuerza Pública, el acceso a la justicia, la protección de liderazgos y comunidades, la prevención del reclutamiento, la atención en salud y educación, la asistencia humanitaria y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y étnicas. 

Lo que informaron las entidades 

Durante la misión, cada entidad expuso las acciones adelantadas frente a las recomendaciones. Entre ellas se mencionaron el seguimiento a los compromisos asumidos en las sesiones de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), las operaciones de la Fuerza Pública para reforzar la seguridad en zonas rurales y controlar la minería ilegal, y la atención a la población víctima. También se reportaron acciones en salud, nutrición y prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como la vigilancia del Ministerio Público sobre el cumplimiento de las recomendaciones. 

El Ministerio del Interior, como secretaría técnica de la CIPRAT, revisó con las autoridades la articulación de la respuesta. El Ejército y la Policía informaron sobre las acciones de seguridad en el territorio; la Unidad para las Víctimas expuso la atención a la población afectada; y la Procuraduría acompañó el ejercicio en su función de vigilancia. Por su parte, la comunidad compartió su percepción sobre la situación de seguridad y sus necesidades de protección. 

Dificultades para cumplir las recomendaciones 

Las entidades también señalaron los principales obstáculos para atender lo advertido. Entre ellos, los reducidos recursos presupuestales de los municipios frente a riesgos de alcance regional y la difícil presencia del Estado en veredas y resguardos dispersos y de complicado acceso. Indicaron además que las condiciones de seguridad limitan el ingreso al territorio, que existe temor de la comunidad a denunciar y que es necesario concertar con las autoridades indígenas las medidas que se adopten en sus territorios. 

Seguimiento y llamado a la comunidad 

Con este ejercicio, la Defensoría buscó que las comunidades conozcan qué están haciendo las instituciones frente a los riesgos advertidos y puedan hacer seguimiento a esos compromisos. 

Asimismo, invitó a la población a mantenerse alerta y a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo su vida, su integridad o su libertad, como amenazas, extorsiones, presencia de actores armados, intentos de reclutamiento de menores de edad o restricciones a la movilidad. 

La Defensoría continuará alertando sobre las acciones que ponen en riesgo inminente a la población y que impiden que territorios de gran riqueza natural y cultural, como Mistrató y Pueblo Rico, puedan desarrollarse en condiciones de seguridad y dignidad.