La Defensoría del Pueblo y la Naturaleza sostuvo un encuentro de trabajo con Maite Mompó, directora de Stop Ecocide International para el mundo hispanohablante, para analizar cómo avanza la tipificación penal del ecocidio y qué se necesita para impulsar una Ley Modelo de Ecocidio para América Latina. 

La conversación, de carácter técnico, abordó los avances globales en el reconocimiento del ecocidio, su discusión en la Corte Penal Internacional (CPI), su alcance en el derecho internacional y las experiencias de incorporación de esta figura en legislaciones nacionales.

Abrió el espacio la Oficina de Asuntos Internacionales, intervino la directora de Recursos y Acciones Judiciales y Maité Mompó presentó la exposición central. Después se abrió el diálogo con las delegadas para asuntos étnicos, ambiente y derechos colectivos, otras directivas de la Defensoría y la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional Érika Quintero, invitada especial.

 

Por qué el ecocidio importa para los derechos colectivos

Para la Defensoría, el deterioro y la destrucción grave de los ecosistemas están directamente ligados a la garantía de los derechos humanos y colectivos. Los impactos ambientales pueden comprometer el derecho a un ambiente sano, el acceso al agua, la salud, la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades, con efectos particulares sobre los pueblos étnicos y otras poblaciones que mantienen una relación estrecha con sus territorios.

Las delegadas de la entidad aportaron su experiencia en la defensa de los derechos colectivos y en el acompañamiento a comunidades y territorios afectados por problemáticas ambientales. 

El encuentro permitió, además, fortalecer el intercambio de conocimientos y la articulación con actores nacionales e internacionales frente a un debate jurídico y ambiental que trasciende las fronteras y plantea nuevos desafíos para la protección de los ecosistemas y los derechos de las generaciones presentes y futuras.