La Defensoría del Pueblo y la Naturaleza presentó cuatro propuestas durante la audiencia regional de oficio sobre los impactos de la extracción de minerales críticos para la transición energética, realizada en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las propuestas buscan articular las políticas climáticas con las comunidades y los pueblos indígenas, promover la protección de la Amazonía y otros ecosistemas, fortalecer la planificación territorial y evaluar los costos de la transición.

Aunque la transición energética es indispensable frente a la emergencia climática, su evaluación debe considerar no solo las emisiones, sino, sobre todo, los derechos de los pueblos y las comunidades.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) ha advertido que la transición no debe reproducir el despojo ni el extractivismo, y ha llamado a fortalecer la regulación y la debida diligencia. En este contexto, la transparencia también es fundamental.

El seguimiento en los territorios

De acuerdo con el monitoreo de la Defensoría, en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Tolima, Santander, Boyacá, Putumayo, Guainía, Vaupés y Vichada convergen ecosistemas estratégicos, intereses extractivos y, en la mayoría de los casos, actores armados. En estos territorios, las personas defensoras del ambiente enfrentan graves riesgos.

Las presiones pueden afectar la regulación hídrica en el Macizo Colombiano, donde nacen los ríos Cauca, Caquetá, Magdalena y Patía, así como en los páramos de Boyacá y Santander.

En el Nudo de Paramillo y en zonas campesinas de Antioquia y Tolima, la minería y los conflictos por el uso del suelo plantean la necesidad de respuestas diferenciadas que tengan en cuenta la protección de los medios de vida y los derechos humanos. En Barbacoas y Tumaco se ha documentado minería ilícita de aluvión y presión armada sobre las comunidades.

En la Amazonía se registra una fuerte presión por estos minerales. Asimismo, se señaló que los Pueblos Indígenas en Aislamiento enfrentan mayores riesgos. Los principios de no contacto, intangibilidad territorial y precaución plantean la necesidad de adoptar medidas ante indicios serios de su existencia, antes de que se produzca cualquier afectación.

Las cuatro propuestas de la Defensoría

Articular las políticas públicas y la necesidad de transparencia y participación de las comunidades y los pueblos en las decisiones: formular lineamientos regionales que articulen las políticas climáticas, energéticas, mineras, forestales y de seguridad con las comunidades, con transparencia y salvaguardas ambientales y sociales.

Proteger la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos: priorizar la protección de la Amazonía, los páramos y otros ecosistemas estratégicos, así como la de las personas defensoras de la naturaleza.

Fortalecer la gobernanza territorial: avanzar en la planificación territorial y regional, con evaluaciones estratégicas y acumulativas, trazabilidad, debida diligencia en toda la cadena de suministro, reparación efectiva y exclusión de intervenciones con impactos irreversibles.

Medir los costos de la transición: evaluar, además de la huella de carbono, los efectos sobre el agua y la biodiversidad, la deforestación, los relaves, la toxicidad y los impactos acumulativos, desde la exploración hasta el poscierre.
Durante la audiencia, la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza planteó la importancia de una transición justa que transforme la energía y el consumo sin trasladar costos irreversibles a los pueblos ni a los ecosistemas, y siempre con un enfoque de derechos.