Ibagué, Tolima, 27 de octubre de 2026 (@DefensoriaCol). En el municipio de Ataco, Tolima, se reportaron los homicidios de una adolescente de 16 años y de un adulto. A estos hechos se suman denuncias de familiares y habitantes de la zona sobre el presunto secuestro de cinco personas, cuyo paradero y condiciones de seguridad aún deben ser verificados.

La gravedad de estos hechos exige una respuesta inmediata y articulada de las autoridades para esclarecer los homicidios, verificar las denuncias y garantizar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil. En particular, el homicidio de la adolescente exige una respuesta reforzada que tenga en cuenta la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes y su especial protección constitucional.

La necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección cobra especial importancia frente a los riesgos que hemos advertido en este territorio. En Ataco está activa la Alerta Temprana 016 de 2022, que había advertido sobre la disputa territorial entre las disidencias del llamado “EMC” y la “Segunda Marquetalia”.

Adicionalmente, en septiembre de 2026 la Defensoría se había pronunciado sobre los riesgos humanitarios, ambientales y de seguridad asociados a la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima, particularmente en Ataco, así como sobre el fortalecimiento de economías ilegales, la presencia de estructuras armadas y el incremento de los riesgos para los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto armado. Estas advertencias evidencian la necesidad de una respuesta integral y coordinada del Estado para prevenir nuevas afectaciones a la población civil, sin que ello implique atribuir los hechos recientes a esas dinámicas.

A través de nuestro equipo territorial, participamos en el Consejo de Seguridad convocado por las autoridades territoriales los días 25 y 26 de octubre. Asimismo, remitimos una comunicación preventiva en la que solicitamos la adopción inmediata de medidas de protección para la población civil y acciones orientadas a prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos.

Ninguna persona puede ser sometida a privaciones arbitrarias de la libertad, amenazas u otras formas de violencia que pongan en riesgo su vida e integridad. Las autoridades tienen la obligación de prevenir estas conductas y garantizar la protección efectiva de las comunidades.

Continuaremos haciendo seguimiento a la situación y a las medidas adoptadas por las autoridades competentes, con especial atención a las actuaciones dirigidas a establecer el paradero de las cinco personas reportadas como presuntamente privadas de la libertad y a garantizar la seguridad de las comunidades.

Ante esta situación:

• Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar con prioridad las investigaciones necesarias para esclarecer los homicidios de la adolescente y del adulto, verificar las denuncias relacionadas con el secuestro de cinco personas y determinar las circunstancias de los hechos.
• Solicitamos a las autoridades competentes adelantar de manera urgente las actuaciones necesarias para establecer el paradero y las condiciones de seguridad de las cinco personas reportadas como secuestradas y garantizar la protección de sus derechos.
• Exhortamos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer las medidas de prevención y protección para familiares, testigos y comunidades que puedan encontrarse en situación de riesgo, así como a garantizar el acceso a atención integral y acompañamiento psicosocial para las personas afectadas.