Según datos que dio a conocer la Defensoría del Pueblo, en Colombia hay 983 líderes sociales amenazados de muerte.

“Hay que creer en lo que dicen los panfletos amenazantes, los cuales no se pueden ignorar", dijo Carlos Negret, defensor del pueblo.

La entidad también aseguró que el 50% de los casos de amenazas son contra mujeres y que entre marzo del 2018 y mayo del 2019 unas 480 lideresas sociales o defensoras de derechos humanos fueron agredidas.

 

Del total de esos 480 casos, 447 fueron amenazas, 20 homicidios y 13 atentados.

"Este es el nicho (las mujeres) en el que debemos trabajar para implementar las alertas tempranas", resaltó Negret.

El comentario del Defensor se dio después de que la Procuraduría suspendiera por 3 meses a Fabio Leonardo Otero, alcalde de Tierralta (Córdoba), dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el control del orden público frente a un caso que derivó en el asesinato de María del Pilar Hurtado, el pasado 21 de junio.

Anteriormente, la Defensoría había informado que al menos 462 líderes sociales fueron asesinados del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero del 2019. 

Asimismo, un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con la antigua guerrilla. 

Frente a estos hechos también se ha pronunciado la ONG Somos Defensores, según la cual los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia aumentaron casi un 50% en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen.

 

Las alertas tempranas

La Defensoría del Pueblo también dijo que las amenazas contra lo líderes se han incrementado desde que se lanzaron las alertas tempranas.

Con ellas se busca acopiar, verificar y analizar de manera técnica la información relacionada con situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado. 

Las alertas también tienen como objetivo advertir a las autoridades para que coordinen acciones oportunas con el fin de proteger a las comunidades.