Es un órgano estatal independiente y pluralista, cuyo mandato está establecido en la constitución o en la ley, y es competente para la protección y promoción de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo es una INDH.

El control social es una herramienta valiosa para la gestión pública en tanto permite una evaluación oportuna y aterrizada a la realidad de las ciudadanías, que, además, ayuda a mejorar su relación con el Estado, y propicia la satisfacción de sus necesidades y la garantía de sus derechos. Este se materializa a través de la participación ciudadana, al permitir a los individuos y a las organizaciones de la sociedad, vigilar la gestión pública y sus resultados para que se cumpla con los principios y los fines esenciales del Estado, bajo los principios que rigen la función pública. La participación ciudadana propicia el ejercicio de los derechos, la expresión y defensa de intereses, la intervención en asuntos comunes y, en general, en el manejo del poder político y de la administración pública. Las ciudadanías, para hacer efectivo este derecho, pueden elegir y ser elegidos; y tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y demás formas de participación democrática existentes. A través del control social no sólo se observan las posibles desviaciones a los acuerdos sociales (corrupción), sino el cumplimiento de los términos del acuerdo social, es decir, la satisfacción de las necesidades básicas, la redistribución y ejercicio equilibrado del poder, los procedimientos democráticos, la asignación transparente de recursos, el respeto por la normatividad y el control de la discrecionalidad de la administración a través de decisiones visibles y legítimas más que legales, etc. La gestión en la administración pública mejora cuando es participativa. Esto significa que la administración conoce, estudia y responde a las razones de la ciudadanía al presentar proyectos, observaciones, sugerencias, peticiones, demandas y denuncias sobre algunos aspectos de la gestión. Mejora cuando es pertinente y corresponde a las necesidades de las comunidades; cuando es eficiente, porque cumple las metas de sus proyectos invirtiendo los recursos asignados en el plazo previsto; cuando es oportuna por ocurrir en el momento adecuado; cuando es transparente y comprensible para la gente; y cuando se ajusta a las normas que la regulan.

El acceso a la información pública es un derecho fundamental que impone la obligación a los Estados de brindar a las ciudadanías acceso a la información que está en su poder. Así mismo, establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, entidades y funcionarios que componen el Estado. El Artículo 4 de la Ley 1712 de 2014 define el acceso a la información pública, como “En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. Este solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la Ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática.” De acuerdo con lo definido por la Procuraduría General de la Nación, El derecho fundamental de acceso a la información Pública es un derecho llave, ya que a través de este se puede acceder a otros derechos fundamentales como el derecho a la salud, a vivienda, estudio, empleo, etc. Por ejemplo, cualquier individuo que obtenga la información pública del Ministerio de Salud, puede conocer sus derechos como paciente, o acceder a los subsidios de vivienda que oferta el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la participación en el concurso de un cargo público por meritocracia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Así mismo permite al ciudadano entre otras gestiones, realizar veedurías y control de la Gestión Pública y conocer lo que realizan los sujetos obligados con los recursos públicos y/o la correcta prestación de un servicio público en cabeza de una empresa privada.

Es cualquier petición respetuosa presentada por un ciudadano de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política; realizada por motivos de interés general o particular para obtener pronta resolución. Incluye peticiones generales, administrativas, asociadas a la prestación del servicio QRSDF, así como las peticiones relacionadas con el propósito misional de la Entidad.

Manifestación verbal o escrita de rechazo y denuncia frente a presunta acción u omisión irregular (asociada a la prestación del servicio) de manera específica por parte de un servidor público que actúa en representación de la Defensoría del Pueblo.

Se clasifican las comunicaciones que contienen insatisfacción o inconformidad hecha por una persona natural o jurídica, sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las características de los servicios ofrecidos por la Entidad o su indebida prestación.

Se clasifican las comunicaciones en las cuales presentan ideas o propuestas para mejorar el servicio o la gestión misional de la entidad.

Se clasifican aquellas comunicaciones en las cuales se pone en conocimiento de una conducta posiblemente irregular (POSIBLE ACTO DE CORRUPCIÓN) para que se adelante, la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal o administrativa sancionatoria.

Se clasifican las comunicaciones donde se hace un reconocimiento, congratulación, elogio, frente a los servicios que presta la entidad. Puede ser a manera general, reconocimiento de una dependencia o servidor público en específico. El reconocimiento debe hacer referencia a situación derivada del servicio prestado por la Entidad o servidor público que actúe en representación de la entidad.

Los canales de Atención y/u Orientación a las ciudadanías corresponden a cualquier tipo de medio tecnológico idóneo habilitado por la Defensoría del Pueblo, que funcione como un puente de comunicación entre los ciudadanos y la entidad podrá ser utilizado para el ejercicio del derecho fundamental de petición. De ahí que, siempre deberá ser atendido por los servidores públicos encargados para dar el trámite correspondiente a las PQRSDF que se canalicen por dichos medios. En el siguiente link podrá encontrar lo canales habilitados actualmente por la Entidad, así como los derechos y deberes de las ciudadanías para el acceso adecuado a la oferta institucional: https://www.defensoria.gov.co/web/guest/carta-de-trato-digno

Para participar de los espacios de rendición de cuentas planeados por la Defensoría del Pueblo, lo invitamos a consultar periódicamente el cronograma de audiencias de rendición de cuentas, así como los informes de rendición de cuentas, e informes de gestión institucional consultando el link: https://www.defensoria.gov.co/web/guest/rendici%C3%B3n-de-cuentas

Lo invitamos a hacer parte de los espacios de participación ciudadana propuestos por la Defensoría del Pueblo, accediendo a los diferentes escenarios de Participación Ciudadana planteados en el Menú Participa d la página institucional, y consultar los espacios convocados en el cronograma de participación ciudadana propuesto para cada anualidad, ambos podrán ser consultados en el siguiente link: https://www.defensoria.gov.co/web/guest/participacion-ciudadana

Conocer la percepción ciudadana frente a la experiencia con la Defensoría del Pueblo, es importante para nosotros, y nos ayuda a identificar oportunidades de mejora para nuestros procesos internos y oferta institucional. Por ello lo invitamos a aplicar la encuesta de percepción ciudadana accediendo al siguiente link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=B1k10X_gGEmQ0nOEp8HB6l5wp9XZeWxPkFgrfgPACJJUM0JGMVZGWEdZRjdUODZXRzFMTzREVERaNy4u&route=shorturl