Colombia dio un paso fundamental en la protección de los derechos de todas las personas trabajadoras el pasado 11 de junio cuando el Congreso de la República ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el primer tratado internacional que reconoce el derecho a un entorno laboral libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia basada en género.

Esta histórica aprobación, que se suma a la ratificación de más de 36 Estados a nivel global, posiciona a Colombia como un referente en la defensa de la dignidad humana y el respeto en el ámbito laboral.

 

Un avance integral para todas las personas trabajadoras

Adoptado en Ginebra el 21 de junio de 2019, durante la Conferencia Internacional del Trabajo, el Convenio 190 es la primera norma internacional que garantiza un mundo laboral sin violencia ni acoso para hombres, mujeres y diversidades de género. Este instrumento agrupa la igualdad y la no discriminación con la seguridad y salud en el trabajo, reconociendo la importancia de un entorno seguro para el bienestar de todas las personas.

El Convenio 190 establece un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con un enfoque específico de género que visibiliza y aborda las desigualdades estructurales presentes en la sociedad y en los espacios laborales. Es un escudo protector especialmente diseñado para mujeres, personas OSIGNH / LGBTIQ+ y quienes han sido históricamente excluidas o vulneradas en sus espacios laborales.

Ver post en    ¡Colombia da un paso histórico hacia trabajos más seguros y libres de violencia!

 

¿Qué implicaciones tiene la adopción del Convenio 190 para los empleadores colombianos?

La ratificación del Convenio 190 de la OIT trae consigo una serie de obligaciones y cambios significativos para los empleadores colombianos, tanto del sector público como privado, en todos los sectores económicos y tipos de relaciones laborales. La Defensoría del Pueblo destaca las principales implicaciones:

• Ampliación de la definición de violencia y acoso: Las empresas deberán ajustar sus políticas internas para abarcar no solo el acoso laboral tradicional, sino también la violencia y el acoso por razón de género, el acoso sexual y la violencia que trasciende las relaciones laborales directas, incluyendo situaciones que afectan a contratistas, voluntarios, aprendices y personas en búsqueda de empleo.
• Implementación de políticas preventivas: Será obligatorio establecer mecanismos claros de prevención, detección y atención de situaciones de violencia y acoso. Esto incluye la adopción de protocolos internos, campañas de sensibilización y formación a todo el personal sobre el tema.
• Mecanismos de denuncia y protección: Los empleadores deben garantizar vías seguras, confidenciales y efectivas para que las víctimas puedan denunciar hechos de violencia o acoso, así como mecanismos de protección y reparación para quienes resulten afectados.
• Inclusión de la perspectiva de género: Se exige un enfoque inclusivo que reconozca y aborde las desigualdades estructurales que afectan especialmente a mujeres y diversidades sexuales en el entorno laboral.
• Obligaciones legales reforzadas: El Convenio 190 obliga a los empleadores a cumplir con la legislación nacional que se ajuste al tratado, lo que puede implicar la actualización de reglamentos internos, manuales de convivencia y procedimientos disciplinarios, así como la adopción de sanciones claras para quienes incurran en conductas de violencia o acoso.
• Evaluación y gestión de riesgos: Se deberá realizar una evaluación periódica de los riesgos de violencia y acoso en el lugar de trabajo, incluyendo factores externos como la violencia doméstica que pueda impactar el entorno laboral.
• Promoción de ambientes laborales seguros y equitativos: Los empleadores tendrán la responsabilidad de fomentar una cultura organizacional basada en el respeto, la igualdad y la inclusión, previniendo cualquier forma de discriminación y promoviendo el bienestar físico, psicológico y social de sus trabajadores.
• La aprobación del proyecto de Ley No. 576 de 2025, que surtió el debido proceso legislativo en la Cámara de Representantes y el Senado, implica que, tras la sanción presidencial y el depósito del instrumento de ratificación ante la OIT, el convenio entrará en vigor en el país. Con esto, el Estado colombiano adquiere la obligación de implementar políticas y medidas concretas para proteger a las personas trabajadoras frente a la violencia y el acoso laboral.

La Defensoría del Pueblo celebra esta ratificación y reafirma su compromiso de vigilar la adecuada implementación de este Convenio, asegurando que todas las personas en Colombia puedan ejercer su derecho a un trabajo digno y libre de cualquier forma de violencia y acoso.