Alfonso Cajiao es el actual defensor del pueblo, lleva un mes en su puesto y asegura que el 1 de septiembre, cuando termine su periodo institucional dejará su cargo y no buscará ocuparlo de nuevo.

Su labor, entre las que está hacer seguimiento a la problemática de los niños en La Guajira como también orientar, recibir quejas y denuncias en todo el país, las cuales en 2015 sumaron 141.599, también pasa por mejorar a la entidad que conoce muy bien, ya que antes fue secretario general.

EL COLOMBIANO habló con Cajiao sobre sus metas y las problemáticas que enfrenta el país.

¿Cuáles son sus principales metas como Defensor del Pueblo?

“La Defensoría, como toda entidad estatal, desarrolló un plan operativo estratégico cuando empezó la administración de Armando Otálora. Así que ya tenemos unos énfasis en los que estamos trabajando. La idea es terminar mi periodo desarrollando todos los temas, como son las denuncias en las cárceles, el derecho de las víctimas y los niños, así como los derechos económicos sociales y culturales”.

¿Qué denuncias en este momento le deben su 
atención principal?

“Los derechos humanos no permiten hacer una prioridad sobre uno u otro, pero sí podemos hacer énfasis en asuntos como la desnutrición infantil, preocupación que nos asalta, porque observamos que a pesar de haber diagnosticado los problemas con bastante antelación y llamar la atención de los inconvenientes, las autoridades se demoran en las respuestas a temas que eran previsibles en ciertos asuntos.

Otra preocupación es la situación en el Chocó con respecto a la minería ilegal y el orden público, que derivan en otros problemas. Además, la semana pasada estuvimos en Buenaventura poniendo en presente algunos problemas que aparecieron por la presencia de las Autodefensas Gaitanistas y el Eln”.

¿Cómo va la atención de 
los niños wayúu?

“Según la Secretaría de Salud del departamento de La Guajira este año han perdido la vida nueve niños por factores asociados a la desnutrición. El subregistro puede ser más alto, porque se conecta a un fenómeno de orden cultural donde a veces los niños son enterrados en las mismas rancherías, tema que tiene que ver muchas veces con su autonomía étnica y del que ya hemos emitido alertas. Tenemos cifras de unas 30 mil rancherías a las que queremos llegar con un grupo especializado de entre cinco y seis personas con hablantes del idioma, expertos en diversidad y otros profesionales para conocer la situación. Igualmente, estamos pendientes de un punto en la cadena entre las EPS e IPS, donde la función del ICBF se pierde y la entrega de alimentos se dificulta”.

¿Qué puede decir del desplazamiento que ocurre en este momento en el Chocó?

En el norte del Chocó, la zona del Alto Baudó y esas poblaciones sufren en este momento la presencial de grupos armados ilegales. Vemos tensiones entre las Farc, que están en proceso aparente de repliegue, con un llenado de estos vacíos por el Eln que tiene disputas territoriales con las Autodefensas Gaitanistas. Por tal razón, se presenta el fenómeno de confinamiento, que es una forma de desplazamiento interno en el que a través de amenazas se le impide a la población movilizarse. A las personas les revisan los mercados, les hacen censos ilegales y los grupos ilegales crean cuadras dentro de las veredas de donde la gente no puede salir. Antes el temor era el enfrentamiento entre unos y otros, ahora es la gente aterrorizada en sus casas”.

¿Y la situación de las cárceles?

“Hay hacinamiento en las cárceles, lo que produce crisis en las dinámicas sociales al interior de las mismas. La penitenciaria con mayores problemas es la de Riohacha, en La Guajira, a la cual fui dos veces, y tiene un 500 por ciento de sobrepoblación. El director hace esfuerzos, el Inpec también pero la situación es difícil. Es la única cárcel del departamento y comparte los presos con un centro de detención que tiene la Policía. Sin embargo, cuando en Riohacha se desocupan unos 30 cupos, la Policía envía de inmediato reos hacia allá, lo que nunca permite una reducción del hacinamiento. Es un círculo vicioso. Además, recibimos quejas de que cuando se cumplen las penas, las providencias se demoran mucho en llegar. En mi opinión, el problema de las cárceles en Colombia es un asunto relativo a la forma en que concebimos la punición y el derecho penal”.

¿Recordando el tema del que fue protagonista el anterior defensor, qué medidas ha tomado para que el ambiente en la entidad se normalice?

“Fue un tema de alta dirección y que ocurrió entre dos personas que ya no se encuentran en la Defensoría. Fiscalía y Procuraduría están realizando las investigaciones y la Defensoría se encuentra vinculada al proceso. ¿Qué he hecho yo? Desde mi estilo personal continuaré con mi gestión y seguiré con el mismo nivel de exigencia. Creamos unos comités con los funcionarios de alta dirección para estar conectados y así conocer de cerca los problemas en las diferentes dependencias y que se expongan a la vista de todos”.

¿Le gustaría estar entre la terna del Presidente para elegir en agosto al nuevo defensor?

“Uno debe reconocer que hay tiempo para las cosas y en mi concepto ya cumplí honrosamente mi misión institucional al lado del doctor Otálora, donde tuve que ver mucho con el fortalecimiento y reforma de la entidad. Se que hay deseos de muchas personas de que me quede, pero declino de forma respetuosa ese honor. En septiembre, cuando termine mi tiempo, buscaré otros rumbos”.