• Así lo aseguró Carlos Camargo Assis después de la aprobación en tercer debate, llevado a cabo en la Cámara de Representantes, sobre el proyecto de ley de la Defensoría que reforma la Ley 1448 de 2011.
• Las observaciones consideradas estructurales y desfavorables sobre el proyecto, hechas por la Unidad de Víctimas, no tienen ningún fundamento normativo, jurisprudencial o práctico.

Comunicado 625/ Bogotá, 14 de mayo de 2024 (@DefensoriaCol). El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, valoró el apoyo de los representantes a la Cámara de la Comisión Primera, escenario donde fue aprobado el proyecto de la entidad de derechos humanos cuyo fin es reformar la Ley de Víctimas. Es el tercer debate adelantado en el Congreso de la República, los primeros dos fueron realizados en el Senado. La iniciativa continuará su trámite en la Plenaria de la Cámara.

“Queremos destacar de manera especial el espíritu constructivo de las y los legisladores que aportaron sus proposiciones, ahora parte de nuestro proyecto de ley. Una de ellas es la que pone de relieve a nuestras Alertas Tempranas y les da carácter obligatorio a sus recomendaciones para su efecto preventivo”, aseguró el Defensor del Pueblo. (Ver pronunciamiento)

Carlos Camargo Assis remarcó que “el proyecto de reforma a la Ley de Víctimas de la Defensoría sí contó con la participación de las víctimas y entidades encargadas de su atención. Contrario a las consideraciones desfavorables de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, nuestra iniciativa legislativa sí contó en los territorios con ellas y con las entidades del Sistema Nacional de Atención y de Reparación Integral de las Víctimas y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

El proceso de construcción del proyecto de ley, tal como está sustentado en la exposición de motivos, en la que es explicado el diseño metodológico, detalló el Defensor, "da cuenta de la participación de quienes han sido afectados por el conflicto armado. Es un reparo que nos sorprende, pues la Unidad para las Víctimas siempre ha conocido de primera mano todo este ejercicio, y también participó en las fases de la investigación”.  

La iniciativa de la Defensoría tiene enfoque de derechos económicos, sociales y culturales, incluye el principio de seguridad humana, el enfoque diferencial y el interseccional, fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes huérfanos(as), robustece el derecho a la participación efectiva de las víctimas, eleva a política pública el programa de atención psicosocial.

Así mismo, incluye el desplazamiento forzado transfronterizo para intentar cubrir a las víctimas en el exilio, propone las compensaciones como estrategia para superar el rezago en los procesos de restitución de tierras, proyecta una mejor articulación y coordinación entre los sistemas de justicia transicional, entre otros temas relevantes.

El proyecto surge de una investigación de la Defensoría titulada ‘Los Estándares de la Justicia Transicional para el estudio de la Ley 1448 de 2011’, en la que fue utilizada una metodología de gestión y planeación participativa, y se generaron espacios de diálogo interinstitucional y directo con las entidades de los Sistemas de Justicia Transicional y las personas delegadas de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Fue parte fundamental de los insumos que justifican las propuestas de reforma.

 “La consolidación de insumos y propuestas de este proyecto se ha gestado en diálogo con las víctimas que participan en la Mesa Nacional y en Mesas Departamentales, escenarios en los que pudimos dialogar con quienes representan a las víctimas y a sus organizaciones tanto en el país como en el exterior”, enfatizó Carlos Camargo Assis.

 

Reparos sin justificación

La Unidad para las Víctimas también incluye, dentro de los aspectos estructurales que consideran desfavorables, que para este proyecto no fue establecido un mecanismo de consulta con los pueblos étnicos, lo que tampoco tiene sustento alguno, porque la iniciativa no tiene disposiciones que impacten la vida de los pueblos étnicos del país, por lo que la consulta previa pierde sentido y pertinencia.

“Cuando empezamos el proceso de investigación para proponer esta reforma, decidimos no incluir el componente étnico contenido en los decretos reglamentarios por una cuestión de responsabilidad con las víctimas étnicas, toda vez que es un ejercicio que requiere otro tipo de estrategia para su abordaje integral”, subrayó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

 Otro de los reparos es que el proyecto tiene un alto impacto fiscal que lo haría inviable, a lo que Carlos Camargo Assis respondió que se realizó una proyección presupuestal de 2600 millones de pesos con el proyecto de ley radicado inicialmente, y tanto en el Senado como en la Cámara han sido presentadas proposiciones con impacto fiscal, lo que cambiaría la proyección. Añadió que desde la Defensoría del Pueblo se ha pedido el concepto de impacto fiscal al Ministerio de Hacienda en dos ocasiones, pero no ha habido respuesta.

“Lo que vemos es que la Unidad para las Víctimas tiene muchas aseveraciones negativas y desfavorables sobre nuestro proyecto de ley, que en su gran mayoría adolece de sustento normativo y práctico”, manifestó Camargo Assis.

Finalizó diciendo que, como Defensoría, encontraron un concepto bastante carente de razonabilidad técnica e institucional de la Unidad, “lo que no deja de sorprendernos, porque nuestro único interés como institución nacional de derechos humanos es incidir en políticas públicas que garanticen los derechos de las víctimas, por lo tanto, deberíamos aunar esfuerzos es para trabajar en la efectividad y respeto a los derechos de la población más vulnerable entre los vulnerables”.