A propósito del informe de inteligencia revelado en exclusiva por El Tiempo, que muestra un incremento del 15 % en los grupos armados entre enero y agosto de este año, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, habló con este diario sobre la política de paz del presidente Petro, el recrudecimiento del reclutamiento forzado de menores y la incidencia de esta gobernanza criminal en los territorios y, de cara a los comicios de 2026, en el proceso electoral.

¿Cree que esta expansión de los grupos armados responde a vacíos en la política de paz del presidente Petro?

No puede establecerse que la expansión territorial y el fraccionamiento sucesivo de los grupos armados ilegales —tanto del conflicto armado como de la criminalidad organizada— sean una consecuencia directa de la política de paz total. Esta dinámica se ha venido presentando, por lo menos, en los últimos cinco años.

La política de paz es importante, tan importante como la política de seguridad que lidera el sector defensa y la prevención integral que debe encabezar el Ministerio del Interior, que termina siendo el más ausente en este tema. Además, nuestro Estado tiene un pecado estructural que involucra a varios gobiernos: no se implementó oportunamente el Acuerdo de Paz del 2016, en especial la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito. Eso facilitó que los grupos disidentes, desertores, el ELN y los herederos del paramilitarismo se expandieran en las zonas que antes fueron dominio de las extintas FARC.

Lea la entrevista completa en https://www.eltiempo.com/justicia/paz-y-derechos-humanos/esta-gobernanza-criminal-podria-incidir-en-los-procesos-electorales-defensora-del-pueblo-sobre-expansion-de-los-grupos-armados-3505660