El defensor del Pueblo propuso políticas preventivas para luego aplicar medidas represivas y su argumento apunta a que si se le da cárcel a todos los borrachos, el hacinamiento aumentará considerablemente. Una idea que planteó en el Congreso es que los funcionarios que sean sorprendidos manejando en estado de embriaguez pierdan su puesto. Y si se trata de un empleado particular, el empleador particular debería tener esa misma potestad. "Si el infractor reincide, entramos a revisar el tema de la prisión", afirmó Otálora.

Otro tema que preocupa a la Defensoría son las demandas contra el Estado de personas que son detenidas preventivamente y luego recuperan su libertad porque no son condenadas. "El Estado pierde entre 20 billones y 30 billones por errores de la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura".

Otras asuntos que mencionó Jorge Armando Otálora son la alerta temprana sobre el reclutamiento de menores en el Guaviare y la imagen de la Defensoría 20 años después de su creación en la Constitución de 1991".