El órgano de control consideró además a la cárcel de Santa Marta como la segunda más hacinada del país.

El defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora denunció ayer en esta ciudad que alrededor de 500 solicitudes de los internos de la cárcel de Santa Marta se encuentran represadas por parte de los Juzgados de Ejecución de Penas por lo que se mantiene el problema de hacinamiento en esta zona del país.

Otálora visitó ayer el Establecimiento Penitenciario y Carcelario ‘Rodrigo de Bastidas’ con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos pactados en su última visita a la capital del Magdalena, con relación a la vulneración de derechos que les asisten a los internos.

A raíz de esta situación, se trabajará en conjunto con varias instituciones del Estado con el fin de estudiar nuevas alternativas que permitan agilizar el proceso de descongestión de 11 establecimientos carcelarios que hoy se encuentran en condiciones ‘críticas’.

“Nos preocupa la cantidad de peticiones represadas de los internos a la espera de que los jueces de ejecución de penas le dé una respuesta. Estuvimos en contacto en Bogotá con el Ministro de Defensa, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, representantes de la Fiscalía y la Procuraduría para hacer una intervención en 11 cárceles con todas las instituciones para estudiar cómo mejoramos el tema de hacinamiento”, dijo.

De igual manera, el Defensor Nacional del Pueblo anunció que se implementaría un plan de choque con los jueces, ya está dispuesta una sala de audiencias para que los Jueces puedan venir a resolver y atender directamente

La Defensoría del Pueblo se comprometió a designar un personal adicional de defensores públicos; mientras que la Fiscalía también participará en estas acciones, en aras mejorar las condiciones dignas de las personas que se encuentran hoy recluidas en la cárcel distrital, mientras se acata la medida de construcción de un nuevo centro carcelario.

 

SEGUNDA CÁRCEL MÁS HACINADA

Por otro lado, el Defensor Nacional del Pueblo afirmó que la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’ es la segunda más hacinada del país, seguida del establecimiento carcelario de Riohacha. La cárcel de Santa Marta tiene alrededor de 350% de hacinamiento.

“La cárcel de Santa Marta es la segunda que se va a estudiar dado que la primera es Riohacha que tiene un hacinamiento del 450%. Esta situación es grave por lo que requiere acciones inmediatas por parte de los organismos del Estado para darle solución a las personas que se encuentran allí recluidas”, anotó el Defensor Nacional.

 

INVESTIGAN SUICIDIOS

Uno de los temas que llamó la atención de la agencia del Ministerio Público fue los tres casos de suicidios que se han registrado en lo que va corrido del presente año al interior del Establecimiento Penitenciario y Carcelario ‘Rodrigo de Bastidas’. 

El defensor Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó a Medicina Legal los resultados de las necropsias adelantadas a los cuerpos de las víctimas reportadas por las directivas de la cárcel distrital.

“Nos preocupa que en lo que va corrido del año se han presentando tres suicidios que estamos en investigación. Me puse en contacto con el Director del Instituto de Medicina Legal para obtener los reportes”, afirmó.

 

CÁRCEL PARA MUJERES

Sobre la posibilidad de construir en Ciénaga una cárcel especial para mujeres, el Defensor Pueblo anotó que no se le ha hecho un seguimiento por parte del Ministerio de Justicia para lograr la implementación de este proyecto.

“Lo que se había acordado era que la cárcel de Ciénaga se iba a convertir en un espacio solo para mujeres que estén detenidas en esta región del país. No tiene presentación de ninguna naturaleza que aquí estén 160 mujeres en un espacio que solo hay capacidad para 40; donde además están en medio de mil hombres que también se encuentran privados de la libertad; este es un tema que estamos en mora en mejorarlos. No hay cárceles, pero tenemos que reorganizarlos y volverlos más dignos”, dijo el Defensor.

 

DEMANDAS CONTRA EL ESTADO

En su visita a la capital del Magdalena, el Defensor Nacional del Pueblo reveló que las demandas contra la Fiscalía por medidas de aseguramiento que se impusieron y que con posterioridad un Juez los declaró inocentes, ascienden aproximadamente a 35 billones de pesos.

“Hay delitos que bien pueden tener medidas de otra naturaleza, de trabajo social. Una persona que comete un hurto de 15 mil pesos, el Estado como solución le da que lo condena a seis meses. Un interno le vale al Estado un millón 200 mil pesos mensuales. Es decir que la solución que da el Gobierno es gastarse 7 u 8 millones de pesos y esa no es la idea. Nosotros tenemos que reaccionar de otra manera frente a delitos de bajo impacto”, dijo. 

El día de ayer, el Defensor Nacional tiene una cita pendiente con el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, para revisar cómo va el proceso de consecución de un terreno  que iban a adquirir para la construcción de una nueva cárcel en el departamento.