Agosto 12 de 2025. El pasado mes de julio, organizaciones étnico-territoriales del departamento del Chocó y la cuenca del Río Atrato presentaron a la Defensoría del Pueblo el informe "EGC en el Chocó: violencia, poder y miedo", elaborado por el Cinep con la participación de diversos procesos comunitarios

El informe hace énfasis en los impactos sobre las comunidades negras e indígenas, entre ellos el desplazamiento forzado, el confinamiento, la violencia sexual, el reclutamiento de menores y la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. En particular, se alerta sobre la existencia de sitios de entrenamiento que el grupo denomina "escuelas", donde las personas reclutadas —entre ellas menores de edad— son preparadas para tareas logísticas, vigilancia armada o cobro de extorsiones.

De acuerdo con la investigación, la redefinición interna del EGC —incluido el cambio de nombre y la adopción de términos como "líderes comunitarios" para sus estructuras locales— revela una estrategia de legitimación sociopolítica que busca disputar la autoridad étnica y comunitaria. Se trata de nuevas formas de cooptación que han desbordado las capacidades de protección y autoprotección de los liderazgos tradicionales.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo reconoce y respalda el compromiso de las organizaciones étnico-territoriales del departamento del Chocó y la cuenca del Río Atrato con la construcción de paz, la defensa del territorio y la protección de los derechos humanos frente a dinámicas de violencia y control armado. En este sentido, valora positivamente la elaboración y presentación del informe cuestión.

En consecuencia, llama al Gobierno Nacional y al Consejero Comisionado a tener en cuenta este insumo en los espacios de interlocución con las autoridades y en los escenarios de construcción de paz, e insiste en que cualquier esfuerzo en esta dirección debe garantizar la participación efectiva de las organizaciones sociales y étnicas del departamento, conforme a sus formas propias de organización y los marcos legales vigentes.

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de acompañar estos ejercicios desde su mandato constitucional, brindando garantías para que las organizaciones étnico-territoriales puedan continuar su labor sin amenazas ni represalias.