Otálora Gómez, aseguró que respeta el derecho a la protesta y que entiende las peticiones de los caficultores pero advirtió que el derecho a la vida y a la salud está por encima de otras consideraciones. Incluso, advirtió que “las vidas que se puedan perder o se pongan en riesgo como consecuencia del paro podrían dar lugar a procesos de judicialización por parte de los organismos de investigación”.

Informes de las diferentes regionales de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que en varios lugares donde se adelantan protestas se están afectando los derechos humanos a la salud y la vida, principalmente, ya que los bloqueos en las carreteras impiden el paso de ambulancias, alimentos, medicamentos esenciales, misiones médicas, organismos de socorro y misiones humanitarias. Esto ocurre por cuenta del bloqueo en por lo menos 22 lugares, principalmente en Huila, Cauca, Nariño, Tolima y Risaralda.

Desde el pasado lunes 25 de febrero, funcionarios de la Defensoría del Pueblo vienen haciendo presencia en medio de las movilizaciones en trece departamentos, principalmente adelantando labores de promoción de derechos humanos y facilitando el paso de misiones médicas. Sin embargo, una semana después de iniciadas las protestas la Defensoría sigue registrando restricciones para el paso de medicamentos e insumos de primera necesidad.

Otálora Gómez, destacó cuatro misiones humanitarias adelantadas por funcionarios de la Defensoría del Pueblo durante la última semana, fruto de las cuales se logró la liberación de trece militares que estaban en poder de los indígenas y de una pareja de indígenas que estaban en poder del Ejercito, todas ellas en el Cauca.

El Defensor del Pueblo les hizo un llamado a los miembros de la fuerza pública para que mantengan la calma y para que sus acciones también se hagan respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitarios, y donde no se ponga en riesgo la integridad de la población civil, particularmente de los huelguistas.

Por último, exhortó a las los líderes de las protestas y al Gobierno a encontrar un salida que permitan levantar los taponamientos en las vías y reiteró que la Defensoría del Pueblo continuará prestando sus buenos oficios mientras se logra un acuerdo.