La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela, la cual fue fallada a favor de la comunidad del corregimiento La Victoria, jurisdicción del municipio de Montería, a la cual se le estaba vulnerando el derecho a la vida, la seguridad personal y la libertad de locomoción, ello derivado del mal estado de las redes de energía y el riesgo de colapso de varios postes que amenazan las viviendas del sector.

La empresa Afinia, en respuesta a la petición del cambio de las redes en esa zona rural de la capital cordobesa, respondió en su momento a la comunidad que: "una vez analizados los argumentos en su escrito y en aras de dar oportuno trámite a su solicitud, se procedió a gestionar su caso con nuestra área correspondiente, quienes nos indican que mediante la inspección realizada el día 31 de marzo de 2023, donde se encontró poste de madera que están en mal estado, hay 28 partidos y uno de concreto partido por la mitad a punto de caer sobre una vivienda".

A renglón seguido, Afinia argumentó que "por todo lo anterior se confirma con el área de expansión y reposición que de momento no se tiene planteado inversiones en las redes media y baja tensión en el sector para el año 2023".

Ante la negativa de esa comercializadora de energía en hacer la reposición de los postes, la comunidad acudió a los servicios de la Regional Córdoba, que a través del litigio defensorial interpuso la acción de tutela, la cual fue fallada a favor por el Juzgado Primero Civil Municipal.

Dentro de lo ordenado por el Juzgado está que Afinia deberá dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, gestionar y realizar los trabajos necesarios tendientes a dar solución inmediata a la problemática que aqueja a los habitantes del corregimiento de La Victoria, e intervenga de manera prioritaria las redes de energía eléctrica, haciendo mantenimiento y/o reposición de los postes de energía, en especial aquellos que están a punto de colapsar sobre las viviendas ubicadas en esa población.

Desde la Defensoría le haremos seguimiento a esta situación, con el fin de que la empresa cumpla con lo ordenado por el Juzgado, en clave de garantizar los derechos de esa comunidad.