Luego de la visita humanitaria realizada esta semana al departamento de la Guajira, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la alcaldía de Riohacha y a la Corporación Autónoma Regional (Corpoguajira), que ordenen el cierre de un vertimiento de aguas sucias que llega al mar en el suroriente de esa ciudad.

Los funcionarios de la Defensoría Regional Guajira comprobaron el grave daño ecológico que ocasiona la salida de los desechos humanos de los 180.000 habitantes de Riohacha por un tubo hacia el mar Caribe.

El flujo constante de los residuos afecta y ha causado problemas de salud a integrantes de por lo menos 80 familias en los barrios Villa Belén, Los Deseos y Marbella, ubicados en el perímetro donde está localizada la bocatoma del tubo emisario final.

La brisa del nordeste, que alrededor de las 4:00 de la tarde se convierte en un alivio para la mayoría de los habitantes de Riohacha en medio de las altas temperaturas generadas por la sequía, es al mismo tiempo el peor enemigo para las familias que habitan en estos sectores, pues los malos olores que brotan del escape son literalmente insoportables.

Según líderes de la comunidad que hablaron con el equipo de la Defensoría, la situación tiene a niños y mujeres enfermos, quienes presentan cuadros de gripas, ronchas en la piel, vómito y diarrea, entre otros síntomas permanentes; por ese motivo, la comisión de la Defensoría le pidió a la Secretaría de Salud realizar un censo a fin de establecer el estado de salud de la población, y realizar jornadas de atención médica en el área.

Durante la visita se recibieron denuncias sobre un posible desalojo previsto para el próximo 30 de agosto, razón por la cual la Defensoría pidió que antes de llevar a cabo la diligencia, la administración municipal provea un plan de reubicación a fin de garantizar los derechos fundamentales de las familias y evitar su revictimización, pues se trata principalmente de personas desplazadas por la violencia que han llegado desde regiones como Córdoba, Magdalena y Antioquia.

A esta problemática se suma que las 80 familias que residen en los tres barrios aledaños, no cuentan con servicios públicos ni electricidad, además de lo cual deben surtirse de agua a través de pimpinas que compran a diario por valores que oscilan entre 400 y 700 pesos.

La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado para que se ponga en marcha el proyecto de la laguna de oxidación, con la que se podría hacer un tratamiento adecuado de los residuos y frenar el daño tanto ambiental como sanitario que se está produciendo, a la vez que insistió a las autoridades nacionales y territoriales para proteger los derechos de las comunidades, incluido el acceso al agua.