Un equipo de la Defensoría del Pueblo visitó el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Tuluá, en el Valle del Cauca, para verificar la implementación de las medidas de prevención de emergencias destinadas a evitar una situación similar a la ocurrida el 27 de junio de 2022, que cobró la vida de 57 personas privadas de la libertad (PPL). Sin embargo, hasta el momento, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) aún no ha puesto en marcha dichas medidas.

En el recorrido realizado, los funcionarios de la Regional Valle del Cauca evidenciaron que la Uspec no ha hecho una sola visita de inspección y seguimiento. Además, la cárcel no cuenta con una red de prevención de incendios.

El centro penitenciario tiene capacidad para albergar a 740 personas privadas de la libertad (PPL), pero en la actualidad hay 969, lo que representa un hacinamiento del 131%. El problema se agrava en las celdas, que fueron diseñadas para albergar a 8 internos cada una, pero actualmente se encuentran ocupadas por cerca de 12 personas en cada caso.

La Defensoría del Pueblo, consciente de que una de las poblaciones históricamente abandonadas por el Estado es la privada de la libertad, continuará llamando la atención de los entes competentes para que sus derechos no continúen siendo vulnerados.

En el caso específico de lo que está ocurriendo en el complejo carcelario del municipio de Tuluá, marcado por el incendio de la noche del 27 de junio y madrugada del día siguiente del año anterior, le exige a la Uspec implementar cuanto antes las medidas correspondientes para que no se repita lo que fue denominado como “el infierno del patio ocho”.