Una Audiencia Defensorial en la que se dieron a conocer los resultados de la investigación: "Promoción y Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Víctimas de Desplazamiento Forzado con Énfasis en Violencias Intrafamiliar y Sexual", en el marco del programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo internacional USAID e implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), realizó esta semana la Defensoría del Pueblo en Bogotá.Las mujeres en situación de desplazamiento tienen mayor riesgo a la vulneración de sus derechos humanos, en particular a los derechos sexuales y reproductivos. El desplazamiento afecta de manera diferencial la vulneración de los derechos de las mujeres que, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, son el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía, a la educación e información, a tener o no tener hijos, cuántos y cuándo, a acceder a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, y a vivir una vida libre de todas las formas de violecia, entre otros.

Para superar el vacío existente sobre políticas, programas y proyectos destinados a intervenir específicaemnte las necesidades en matreia de promoción de derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niños y niñas desplazados, la Defensoría del Pueblo desarrolló este proyecto en cuatro ciudades del país (Cali, Medellín, Cúcuta y Pasto), receptoras de personas desplazadas. 

Los principales objetivos de esta investigación son, fortalecer la atención a la población en situación de desplazamiento en materia de promoción, defensa y restitución de derechos sexuales y reproductivos; asesorar a la población desplazada y receptora vulnerable; capacitar a operadores y operadora de justicia, administrativos de policía, forenses, de salud y del ministerio Público; incluir en los sistemas de información de la Defensoría indicadores para el registro de violaciones al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y, por último, fortalecer la Magistratura Moral de la Defensoría del Pueblo en lo relativo a la defensa, promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos.

Principales conclusiones

Dentro de las principales conclusiones de la investigación se destacan dificultades en la coordinación institucional, baja apropiación del marco jurídico internacional y nacional y la falta actualización en la normatividad. Por otro lado, aunque hay una sólida base testimonial por parte de las mujeres, las infracciones no son denunciadas ante el aparato de justicia, no se investigan ni judicializan, lo cual genera impunidad.

El 70 % de las personas entrevistadas dijo no haber recibido información sobre la promoción de sus derechos y el 71.8% manifestó no haber buscado ayuda profesional para prevenir un embarazo. El 26% de las mujeres que no habían sufrido episodios de violencia física, manifestó ser víctimas de agresiones físicas durante el desplazamiento y/o después del mismo. El 70% de mujeres víctimas de violencia física, no acudió en busca de ayuda a ninguna institución.

El 18.4% de mujeres que manifestaron haber tenido relaciones sexuales, lo hizo antes de los 14 años. En el 60% de los casos estudiados, fueron adultos los que tuvieron relaciones sexuales con niñas menores de 14 años. El 15,8% de las mujeres en situación de desplazamiento han sido víctimas de violencia sexual. En el 8,5% de los casos las personas respondieron que alguna vez a un miembro de la familia o a alguno de los hijos o hijas les habían forzado físicamente a tener relaciones o actos sexuales en contra de su voluntad. 

Un hallazgo muy importante fue identificar la relación existente entre violencia sexual y el desplazamiento forzado. El 17,7% de las personas que sufrieron agresión sexual (ellas o sus familias), manifestó que ésta fue la causa de su desplazamiento. De éstas el 14% decidió desplazarse por haber sido ellas las víctimas, y el 31% por haber sido un miembro de su familia.

El 5,4% de los agresores fueron integrantes de grupos al margen de la ley y el 1,4% miembros de la fuerza pública. El 13,8% de las personas que manifestaron haber sido víctimas de agresión sexual no respondió quién fue el agresor. Sólo el 18.3% recurrió a alguna institución a denunciar la agresión.

Autodeterminación reproductiva

De las mujeres víctimas de desplazamiento que manifestaron haber estado embarazadas, el 71% no realizó controles médicos a sus embarazos y sólo el 5.6% pudo acceder a controles médicos. El 5.4% de las encuestadas tuvo su primer embarazo entre los 12 y los 14 años. El promedio total de embarazos entre los 12 y los 17 años fue del 31.4%. 

En cuanto al uso de métodos anticonceptivos, el 54% de los casos recurrió a programas desarrollados por las ONG para adquirir el método anticonceptivo y sólo en el 20% de los casos a un servicio de salud del Estado. 

Información y educación

Se destaca como avance importante el conocimiento sobre las consecuencias del no uso de métodos anticonceptivos. El 48% de los y las encuestadas refirieron en primera instancia la posibilidad de un embarazo, y en un 44% las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Sólo el 9% refirió conocer métodos folklóricos, y el 1.4% manifestó el conocimiento de la anticoncepción de emergencia.

Un hallazgo importante tiene que ver con el grupo de las mujeres que manifestaron haber perdido un hijo o hija antes de que este naciera de las cuales el 32% nunca recibió algún tipo de atención médica.

En lo referente a diagnósticos y tratamientos de las infecciones de transmisión sexual, el 15,7% manifestó haber tenido alguna vez una infección de transmisión sexual, el 10,5% dijo no haber recibido atención médica para su tratamiento y el 17% trató su enfermedad sin acudir a un servicio médico, es decir, a través de la automedicación u otras formas.

Otro hallazgo significativo lo constituye el uso de métodos anticonceptivos. El 58% de las mujeres encuestadas y el 68% de los hombres encuestados no están usando actualmente un método anticonceptivo, lo cual implica una condición de riesgo frente a embarazos no deseados, abortos inseguros y morbimortalidad materna.

El 34% de las mujeres encuestadas no se siente en libertad de decidir tener o no hijos; el 18.2% se sienten inhibidas para usar métodos anticonceptivos y el 14.7% de las mujeres y el 11% de los hombres no puedan expresar sus opiniones y necesidades sobre su sexualidad.

Principales Recomedaciones

Luego de este estudio, la Defensoría del Pueblo hace una serie de recomendaciones a la Agencia Presidencial para la Acción Social, al Ministerio de Protección Social, a la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas y de Policia, a las Comisarías de Familia, al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio Público, tendientes a mejorar la situación de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en sus violencias Intrafamiliares y sexuales.

Reto Defensorial

Finalmente, la Defensoría del Pueblo se compomrtió a institucionalizar la línea de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, procurando desarrollos en dicha materia en cada una de sus delegadas, y particularmente en la ficha de atenciòn a poblaciòn desplazada, en tareas como la producción de una segunda fase de este proyecto que abarque un mayor número de municipios y, por lo tanto, de beneficiarios y beneficiarias .

Adicionalemnte, la Defensoría asesorará y promocionará los derechos sexuales y reproductivos de la población víctima del desplazamiento forzado y desarrollará procesos de empoderamiento de dicha población en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, a través de la tarea de promoción y orientación en el interior de las UAO, apoyándose en los productos comunicacionales sobre violencias intrafamiliar y sexual desarrollados en el marco de este proyecto.