La evidencia lo confirma: aumentar las penas no reduce la delincuencia adolescente

La evidencia lo confirma: aumentar las penas no reduce la delincuencia adolescente

  • Lun, 11 may 2026

Defensora en justicia restaurativa

Durante el conversatorio Justicia Juvenil: Hacia una Política Criminal con Enfoque Territorial y Restaurativo, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que la evidencia científica demuestra que endurecer las penas no reduce la reincidencia ni la delincuencia adolescente, y respaldó la justicia restaurativa como la alternativa más eficaz para prevenir que los jóvenes vuelvan a delinquir.

El espacio, organizado por la Corte Suprema de Justicia este lunes 11 de mayo en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, abordó la justicia juvenil, procesos de resocialización, prevención de la reincidencia y los principales desafíos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que solo durante 2025 ha acogido a más de cinco mil menores de edad.

La evidencia descarta el aumento de penas

"Definitivamente no se necesita el aumento de penas. La evidencia demuestra que el aumento de penas no conduce a la reducción de la reincidencia y tampoco de la delincuencia adolescente. Es la justicia restaurativa la que da los mejores resultados en el mundo respecto de la prevención de la delincuencia adolescente", afirmó Marín Ortiz.

La Defensora respondió también a quienes reclaman mano dura ante el incremento de delitos cometidos por menores de edad. Desde su perspectiva, el camino no es la cárcel prolongada, sino un modelo que combine la responsabilidad penal con la intervención del Estado para construir proyectos de vida. "La prevención y la justicia restaurativa es la que ayuda a que ese menor de edad, a la vez que responde penalmente por el hecho y asume el daño que ha causado, también logra obtener la atención del Estado para construir un proyecto de vida en el que no haya reincidencia", explicó.

Lo que ocurre cuando un adolescente ingresa al sistema

La Defensora señaló que cuando una persona adolescente entra al SRPA ocurren tres hechos que marcan su trayectoria: ruptura de vínculos familiares y emocionales, estigmatización y rechazo social, e incertidumbre sobre el futuro y el proyecto de vida al momento de reincidir.

Este panorama, advirtió, suele estar cruzado por desigualdad, pobreza, abandono, violencia intrafamiliar, ausencia de garantías de derechos, consumo de sustancias psicoactivas y problemas de salud mental. Factores que, en muchos casos, facilitan la instrumentalización de adolescentes por parte de grupos armados, bandas locales o crimen organizado.

"Se trata de un panorama muy desfavorable para las y los adolescentes, pero propicio para quienes les reclutan, usan o instrumentalizan para cometer delitos, o actividades que, sin ser ilegales, contribuyen a los objetivos de grupos armados, el crimen organizado o bandas locales", señaló.

Grupos armados, los principales responsables del reclutamiento

Marín Ortiz advirtió que el reclutamiento forzado de menores ha venido en aumento, al igual que su uso por parte de grupos armados y organizaciones criminales. Para la Defensoría, la responsabilidad recae principalmente en quienes reclutan, no en los propios adolescentes.

"Los responsables son principalmente los grupos armados que reclutan y usan a muchachos y muchachas en condiciones de extrema vulnerabilidad, muchas veces con entornos muy complicados, para evadir su responsabilidad ante la ley usando a esos menores de edad para que cometan crímenes muy graves", dijo. Por eso, insistió en que el enfoque de cualquier política criminal juvenil debe reconocer la mayor responsabilidad de quienes reclutan por encima de la del propio adolescente.

Prevención, restauración y presencia institucional sostenida

La Defensora fue enfática en que la respuesta estatal frente a las y los adolescentes que han tenido o están en conflicto con la ley penal no debe limitarse a un proceso judicial y sancionatorio. Debe incorporar medidas efectivas de prevención, acompañamiento, restauración, educación y una presencia institucional seria y sostenida, orientada a garantizar el buen futuro de las y los adolescentes, evitar su estigmatización y promover la justicia restaurativa.

En ese sentido, destacó que la reparación del daño ocurre no solo cuando la o el adolescente reconoce el impacto de sus actos, sino cuando la sociedad asume su propia deuda. Y cerró con una reflexión que sintetiza la posición de la institución:

"La justicia juvenil será eficaz cuando entienda que no basta con reaccionar frente al delito consumado, sino que resulta indispensable intervenir las condiciones que lo hicieron posible. Porque sin posibilidad, no hay justicia. Hay repetición. Porque al final, cada adolescente que logra reconstruir su camino no es una cifra menos, sino una historia que no se repite".