Colombia podría cerrar 2026 con más de 60.000 quejas relacionadas con barreras en el sistema de salud, según las proyecciones presentadas por la Defensoría del Pueblo durante el 32° Foro de la Salud de la Andi, llevado a cabo en Cartagena. Solo entre enero y abril de este año, la entidad recibió cerca de 16.000 reclamaciones, un aumento del 28 % frente al mismo periodo del 2025, cuando recibió 12.918. 

La Defensoría presentó además un panorama sobre el deterioro en el acceso a servicios de salud, el aumento de las barreras para pacientes y los problemas estructurales que afectan el funcionamiento y la financiación del sistema.

Deterioro en el acceso a servicios de salud

Las reclamaciones relacionadas con el sector mantienen una tendencia creciente. En 2023 se registraron cerca de 26.000 quejas; en 2024 la cifra ascendió a aproximadamente 35.000, un aumento de alrededor del 32 %. En 2025 se reportaron cerca de 51.000 quejas y entre enero y abril de 2026 ya se contabilizaban unas 16.000.

Cerca del 24 % de las quejas y peticiones recibidas entre enero de 2025 y abril de 2026 estuvo relacionado con demoras en la entrega de medicamentos. Las dificultades para acceder a citas médicas generales y especializadas representaron el 21 % de las reclamaciones. A esto se suman casos persistentes de negación de servicios y entrega parcial de medicamentos, con quejas dirigidas principalmente contra EPS e IPS por retrasos en autorizaciones, interrupciones en tratamientos y fallas en la atención.

Crisis en la entrega de medicamentos 

Durante el foro, la Defensoría presentó los resultados de los ejercicios de verificación realizados en puntos de dispensación de medicamentos en distintas regiones. Desde marzo de 2025, la entidad implementó encuestas para monitorear posibles vulneraciones al derecho a la salud y evaluar las dificultades en la entrega de tratamientos.

En 2025 fueron encuestadas 3.721 personas: el 90 % no recibió sus medicamentos o los obtuvo parcialmente y con demoras. El seguimiento posterior evidenció que solo el 48 % de los casos logró solucionarse. Entre enero y abril de 2026 se realizaron cerca de 1.400 nuevas encuestas, en las que el 81 % de las personas reportó problemas en la entrega de medicamentos, principalmente por no entrega, entrega tardía o entrega parcial.

Aunque la entidad identificó una leve mejoría frente a 2025, advirtió que las barreras continúan afectando gravemente la continuidad de los tratamientos y la calidad de vida de las y los pacientes. Cerca del 60 % de las personas afectadas ha tenido que comprar medicamentos con recursos propios en farmacias privadas.

Tutelas en salud aumentaron un 51 % en siete años

Las acciones de tutela relacionadas con el derecho a la salud han crecido de manera sostenida en Colombia: pasaron de 207.372 en 2019 a 312.573 en 2025, un aumento acumulado del 51 % en siete años.

La Defensoría señaló que las tutelas por medicamentos se convirtieron en la principal causa de judicialización del sistema durante 2025, cuando en 2023 ocupaban el tercer lugar, lo que refleja el deterioro en la entrega oportuna de tratamientos. También evidenció una fuerte concentración territorial: Antioquia lidera con 55.705 casos, seguida por Valle del Cauca con 27.971 y Bogotá con 26.372, tres departamentos que concentran el 40,5 % de todas las acciones judiciales en salud del país.

El sistema mueve cerca de $100 billones

En 2025 Colombia destinó cerca de 100 billones de pesos al sistema de salud, resultado de la suma del presupuesto general de la nación y los recursos parafiscales provenientes de las contribuciones de la ciudadanía. El sector representa aproximadamente el 8,2 % del Producto Interno Bruto.

Sin embargo, la entidad advirtió que la falta de transparencia y rendición de cuentas dificulta identificar dónde se represan los recursos y cuáles son los principales cuellos de botella financieros que afectan la prestación de servicios. La Defensoría alertó que las deudas acumuladas y el deterioro del flujo de recursos impactan directamente la atención a las y los usuarios, generan cierres de servicios y profundizan las barreras de acceso, particularmente en regiones apartadas.

Decisiones urgentes para proteger el derecho a la salud

La Defensoría planteó tres medidas impostergables para avanzar hacia un sistema más equitativo, transparente y sostenible. La primera es fortalecer la gobernanza del sistema con un enfoque territorial que permita responder a las necesidades específicas de cada región. La segunda es reconocer el papel del sector privado, que concentra cerca del 90 % de la prestación de servicios y la logística de medicamentos, promoviendo la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos del sistema. La tercera es consolidar un modelo basado en la atención primaria en salud, con énfasis en la equidad, la prevención y la protección integral del derecho a la salud.

Durante el foro, la entidad explicó que su propósito es contribuir a moderar el debate público, fortalecer la confianza institucional y promover espacios de diálogo entre todos los actores del sistema: pacientes, profesionales de la salud, EPS, IPS, sector empresarial, academia, autoridades territoriales y Gobierno nacional. 

En la transición del nuevo gobierno se espera lograr un espacio para establecer un mecanismo acordado de estabilización del sistema que mejore la liquidez, con reglas claras y que dé paso a la discusión sobre las transformaciones que se requieren para que la crisis no se recicle. También, para que se logre un acuerdo sobre un mismo propósito: proteger y garantizar el derecho a la salud de todas las personas.