Ante las alertas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) por el incremento de las temperaturas en algunos sectores de las regiones Caribe y Andina y el riesgo de lluvias intensas, inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos en otras zonas, la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza insta a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer las acciones de prevención, respuesta y protección de la población.
 
Las autoridades deben mantener el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y activar oportunamente los planes de gestión del riesgo de desastres, especialmente para proteger a las comunidades que habitan en zonas de mayor vulnerabilidad, con el fin de evitar que sean comprometidos derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación, la vivienda y un ambiente sano.
 

La Defensoría solicita a las autoridades territoriales garantizar información clara, oportuna y permanente a la ciudadanía, para que todas las personas conozcan los riesgos existentes, las recomendaciones de autocuidado y los protocolos de actuación frente a posibles emergencias.
 
Asimismo, es indispensable impulsar las estrategias de prevención de incendios forestales en las zonas con altas temperaturas, así como las acciones para reducir los riesgos asociados a inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa en los territorios donde se han emitido alertas hidrometeorológicas y por deslizamientos.
 
La Defensoría del Pueblo y la Naturaleza también invita a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y las autoridades territoriales, atender las recomendaciones de prevención, hacer un uso responsable del agua y la energía, protegerse de la exposición prolongada a la radiación solar y reportar de manera inmediata cualquier emergencia a los organismos competentes. Así mismo, adoptar medidas para proteger a los animales frente a los eventos mencionados.
 
La protección de la vida, la integridad y los derechos de la población exige una actuación articulada, preventiva y oportuna de todas las instituciones. Por eso, la Defensoría continuará haciendo seguimiento a la respuesta de las autoridades, para contribuir a la protección efectiva de las comunidades en riesgo.