Tras evaluar los resultados de los informes de la calidad del agua que realizan el Instituto Nacional de Salud y la Secretarías de Salud de Colombia, la Defensoría Nacional del Pueblo reveló que Bolívar es el departamento más afectado en este sentido.

El reporte que recoge los datos de 2015, incluye a los municipios de Norosí y Hatillo de Loba dentro de las siete poblaciones del país que fueron declaradas como sanitariamente inviables. Le siguen Cisneros (Antioquia), El Castillo (Meta), Piamonte y Timbiquí (Cauca), además de Dibulla (Guajira).

Simultáneamente, fueron considerados como municipios de alto riesgo, San Jacinto, Tiquisio y Río Viejo. En esta lista también aparecen Santa Ana y Nueva Granada (Magdalena), así como Solita (Caquetá).

"El departamento más afectado es Bolívar con cinco casos, seguido de Magdalena, Antioquia y Cauca, con dos casos", precisa un aparte del informe.

Según el estudio de la calidad del agua, en estas poblaciones donde habitan unas 214.583 personas, el agua no es apta para el consumo, lo que pone en grave riesgo la salud de los moradores, en especial, de los niños y mujeres en embarazo.

Como consecuencia, los habitantes no han podido hacer uso del líquido y recurren a herramientaspara potabilizar el agua o en otras ocasiones deben comprarla.

Sin embargo, argumenta el organismo defensor de los derechos humanos, que "en aquellas regiones apartadas donde el recurso hídrico es escaso y donde la pobreza es un agravante más del problema, las posibilidades de abastecerse de agua en mal estado son altísimas".

La entidad, señala que la situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que 26 entidades de departamentos como Vaupés, Arauca, Caldas, Putumayo y Vichada, entre otros, han tenido dificultades para cargar la información que se recoge a través del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (SIVICAP).

Vale destacar, que de los 16 municipios en categoría inviable para el 2014, sólo dos han mejorado su condición.

JALÓN DE OREJAS

Ante este panorama, la Defensoría requirió a los alcaldes y gobernadores de las regiones comprometidas, para que como gestores de los planes de agua orienten las inversiones necesarias y garanticen la prestación del servicio en condiciones óptimas para el consumo humano.

De la misma manera, solicitó a las autoridades sanitarias de estos territorios notificar a los prestadores del servicio, a la Procuraduría y Contraloría sobre los análisis practicados, y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que actúe con las investigaciones y sanciones correspondientes en los casos más críticos, como al parecer ocurre en Cisneros (Antioquia), Santa Ana (Magdalena) y Dibulla ( La Guajira), cuyo comportamiento ha sido muy deficiente desde el 2009.