Las dos caras de la moneda, la que presenta el Gobierno y la que muestran Organizaciones No Gubernamentales, serán expuestas ante delegados del mundo entero, que determinarán cómo está Colombia en materia de Derechos Humanos. 

Aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no es tribunal condenatorio o absolutorio, el resultado del examen sí puede influir en la firma de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio con terceros países. 

Ambos informes, tanto el del Gobierno Nacional como el de las ONG, dedican un gran espacio a cuatro temas que preocupan en el país: el desplazamiento forzado, las desapariciones extrajudiciales, la muerte de sindicalistas y la reparación a las víctimas del paramilitarismo. 

Las cifras son distintas, lo que evidencia el abismo que existe entre los diferentes actores cuando de hablar sobre derechos humanos se trata. 

Ley de Justicia y Paz 

Mientras el Gobierno defiende la Ley de Justicia y Paz y afirma en su informe que de las leyes existentes en el mundo ésta “es la más exigente, porque no permite amnistías o indultos a crímenes de guerra o de lesa humanidad”, las ONG denuncian que a diciembre de 2008, tan sólo 116 paramilitares, de los 31.671 desmovilizados, están siendo procesados bajo esta ley. Además, señalan que ninguno ha sido condenado. 

El informe estatal insiste en que este mecanismo es un éxito diciendo que a junio del 2008 habían concluido 1.141 versiones libres, que generaron la confesión de un buen número de hechos delictivos. 

Tal vez uno de los capítulos más polémicos fue la decisión de extraditar a catorce ex jefes ‘paras’ hacia EE.UU. El Gobierno argumenta que el proceso se realizó “en conformidad con el marco legal” y que se efectuó porque los extraditados no estaban cumpliendo con las condiciones que exige la ley para acceder a los beneficios penales. 

Muerte de sindicalistas 

El incremento en el número de sindicalistas asesinados durante el último año podría poner a caminar a Colombia en la cuerda floja. 

En su informe las organizaciones civiles señalan que en el primer semestre de 2008 fueron asesinados 31 trabajadores sindicalizados. 

“Aproximadamente, y en promedio, cada tres días durante los últimos 22 años ha sido asesinado un sindicalista, lo que se traduce en 2.674 muertes entre el 1 de enero de 1986 y el 30 de junio de 2008” , dijo el vocero de la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, Camilo Borrero. 

Frente a esta situación, el Gobierno argumenta que creó el Programa de Protección del Ministerio del Interior, el cual busca proteger los derechos a la vida y libertad de los dirigentes sindicales y de líderes de ONG defensoras de los derechos humanos. 

Además, señala que públicamente han rechazado las amenazas sufridas por los defensores y han realizado reuniones para revisar esta situación. 

Ejecuciones extrajudiciales 

El escándalo desatado por la vinculación de miembros de la Fuerza Pública en la desaparición de 19 jóvenes de Soacha lo hace infaltable en la agenda. 

Según las cuatro agrupaciones de ONG: Alianza de Organizaciones Sociales Afines, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, en los últimos cinco años se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002 

El Gobierno responde en su documento diciendo que desde el 2002 han sido vinculados 748 miembros de la Fuerza Pública en casos de homicidios a personas protegidas o fuera de combate y se han expedido órdenes de captura contra 242 de ellos. 

Desplazamiento forzado 

Mientras las ONG aseguran que el número de desplazados internos supera los cuatro millones, el Gobierno maneja una cifra de 2.577.402. 

Para el director de la ONG Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, Alberto Yepes, “sólo en el primer trimestre de este año fueron desplazadas 113.473 personas, lo cual representa un incremento del 18% respecto del mismo periodo del año pasado”. Y según cifras presentadas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, diariamente se están forzando a desplazarse, en promedio, a 1.250 personas. 

Aunque el Estado argumenta que la cifra es mucho menor y que apenas supera los dos millones, asegura que se han intensificado sus esfuerzos por desarrollar tanto el marco normativo, como la producción de indicadores y la atención a la población desplazada. 

¿Cómo se realizará el examen? 

El debate sobre derechos humanos de Colombia se desarrollará el próximo 10 de diciembre en un tiempo estimado de tres horas: 

- Durante la primera hora el vicepresidente de la República, Francisco Santos, defenderá la labor del Gobierno colombiano en materia de derechos humanos. 

- En la segunda hora de debate, voceros de las ONG expondrán su visión frente al tema. 

- Luego de escuchar los dos argumentos, los asesores designados para analizar el caso colombiano harán una serie de recomendaciones sobre el tema."

Esta noticia fue elaborada por la Agencia de Noticias Colprensa y publicada en el diario El País de Cali.