“La CIDH ha resaltado en numerosas oportunidades la necesidad de emplear mecanismos efectivos de negociación a fin de terminar con la violencia que afecta a los habitantes de la República de Colombia desde hace cuatro décadas. Asimismo la Comisión ha señalado que la perdurabilidad de la paz está ligada a la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario y, por lo tanto, al esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar a las víctimas del conflicto.

El año 2006 marca la culminación de la fase de desmovilización de las AUC y Colombia enfrenta el desafío de mostrar resultados concretos del desmonte de las estructuras armadas del paramilitarismo e implementar el marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados por las AUC.

Frente a estos desafíos, la Comisión mantiene su preocupación respecto del impacto de la violencia sobre la población civil y, en particular, de los grupos más vulnerables como las comunidades indígenas, afro descendientes, y los desplazados y las crecientes denuncias sobre la participación de agentes del propio Estado. Asimismo, la CIDH mantiene su preocupación respecto de los ataques registrados en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales por parte de desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley. La Comisión insiste en el deber de que estos crímenes sean esclarecidos por los magistrados de justicia y paz al momento de verificar el cumplimiento cabal de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley 975.

El respeto de los derechos a la verdad, justicia y la reparación integral para las víctimas del conflicto armado son cruciales para alcanzar una paz duradera y fortalecer la administración de justicia en Colombia y garantizar la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos cometidas.

La CIDH continuará ejerciendo su mandato de promover y proteger los derechos humanos en Colombia en el marco del proceso de desmovilización y la interpretación y aplicación de su marco jurídico, tanto a través de la elaboración de informes generales y especiales como del estudio y decisión de casos individuales”.