Bogotá, 8 de abril de 2026 (@DefensoriaCol). En la presentación de los avances sobre el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de que sea protegida la población defensora de los derechos humanos en asuntos ambientales en Colombia. Sobre todo porque, entre 2016 y 2024, fueron asesinadas 384 personas dedicadas a esta labor en el territorio nacional, panorama que obliga a fortalecer las medidas de prevención y garantía de derechos.

“Hemos asumido la implementación del Acuerdo de Escazú no solo como una obligación del Estado colombiano, sino también como una oportunidad estratégica para acceder a los derechos de información, a las realidades concretas de las comunidades y de las personas defensoras del ambiente y de la naturaleza, y de manera especial, de las mujeres lideresas que enfrentan riesgos diferenciales y múltiples formas de violencia”, enfatizó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación de los avances en la sede nacional de la entidad que preside.

La hoja de ruta regional, que contiene las condiciones mínimas para la protección de los derechos ambientales y de la naturaleza, tiene cuatro ejes: acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia y protección de defensoras y defensores.

Lo hecho por la Defensoría sobre el tratado ambiental

Elaboró un diagnóstico que da cuenta de la implementación parcial del Acuerdo, el cual carece de lineamientos unificados y vacíos en las capacidades técnicas. Le ha insistido al Gobierno nacional en la necesidad de que lo implemente de forma efectiva. Ha trabajado en la identificación de los riesgos que corren lideresas y líderes ambientales para que los entes competentes les brinden garantías de protección, además de que ha acompañado casos que revisten mayor gravedad.

Igualmente, ha venido promoviendo un proceso pedagógico y formativo con funcionarias y funcionarios de la entidad en las diferentes regiones del país. También lanzó la cartilla-bitácora ‘Hacer ambiente a los derechos’, herramienta orientada a fortalecer el conocimiento, la apropiación y el uso del Acuerdo de Escazú por la defensa del territorio, la naturaleza y los derechos humanos. 

‘Hacer ambiente a los derechos’ acompañará procesos comunitarios, acercará el contenido del tratado a un lenguaje claro y útil y orientará a las comunidades para que puedan comprender sus derechos y ejercerlos en los territorios. Es una herramienta que estará al servicio de quienes defienden el ambiente sano, el agua, los ecosistemas y la permanencia digna en sus regiones.

“Nuestra labor se ha orientado a traducir el lenguaje jurídico en herramientas vivas, cotidianas, prácticas y útiles para la sociedad civil y las comunidades. Y reconociendo que la defensa del ambiente y la naturaleza es indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos”, concluyó la Defensora del Pueblo.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe cuya finalidad es garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Adoptado en 2018 y vigente desde 2021, es pionero a nivel mundial en la protección de personas defensoras de derechos humanos con enfoque ambiental.

Consulta la bitácora ‘hacer ambiente a los derechos’ aquí: Bitácora sobre el Acuerdo de Escazú