En el marco del lanzamiento de la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de las Personas con Conducta Suicida (Resolución 347 de 2026), realizado en Bogotá el lunes 27 de mayo, la Defensoría del Pueblo suscribió el compromiso del Gobierno Nacional orientado a fortalecer la atención, prevención y mitigación de este fenómeno en todo el país.

Durante este espacio, la Defensoría del Pueblo destacó la importancia de avanzar en acciones intersectoriales que permitan consolidar una respuesta integral frente a la salud mental, en concordancia con la Política Nacional de Salud Mental. La entidad subrayó que este tipo de iniciativas representan un paso clave para garantizar la protección de la vida y el bienestar de las personas en riesgo.

En ese sentido, la entidad enfatizó en su papel como garante de derechos humanos, insistiendo en que la implementación de la estrategia debe desarrollarse bajo enfoques de derechos, curso de vida, género, diferencial, territorial e intersectorial. 

Para la Defensoría el abordaje de la conducta suicida exige respuestas oportunas, coordinadas y sostenidas, así como el fortalecimiento de entornos protectores y redes de apoyo tanto institucionales como comunitarias.

Con la firma de este compromiso, la Defensoría del Pueblo asume un rol activo en tres líneas fundamentales:

•    Fortalecimiento de la detección temprana: impulsando la identificación de señales de alarma y factores de riesgo mediante procesos de capacitación y la activación inmediata de rutas de atención intersectoriales, con el fin de garantizar respuestas oportunas y coordinadas. 
•    Implementación del Código Dorado Comunitario: promoviendo su apropiación institucional, la definición clara de responsables y su activación efectiva ante situaciones de riesgo, asegurando intervenciones inmediatas y articuladas conforme a los protocolos establecidos. 
•    Seguimiento continuo a personas en riesgo: fomentando la articulación entre sectores y el fortalecimiento de redes de apoyo para garantizar la continuidad en la atención y el cuidado integral, sin interrupciones. 

La Defensoría del Pueblo reiteró que su participación en este compromiso no solo refuerza la vigilancia y promoción de los derechos humanos, sino que contribuye a consolidar una respuesta estatal más efectiva frente a la conducta suicida. La entidad subrayó que la dignidad, la vida y la salud mental de la población son prioridades que deben garantizarse en todo el territorio nacional.