La Defensoría del Pueblo realizó una visita de verificación en las estaciones de Policía del distrito de Turbo y del corregimiento de Currulao (Antioquia), en la cual constató graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria (CDT).

En la estación de policía de Turbo se encuentran recluidas 20 personas condenadas, mientras que en la subestación de Currulao permanecen 12, una de ellas condenada. En ambos casos, la Defensoría evidenció hacinamiento, condiciones precarias de salubridad y, de manera alarmante, la falta de alimentación desde octubre de 2024.

Ante esta situación, son las familias quienes intentan suplir las necesidades básicas; sin embargo, muchas personas que no cuentan con apoyo familiar dependen de la solidaridad de quienes comparten su reclusión, lo que agrava su vulnerabilidad.

Las estaciones visitadas no cuentan con condiciones adecuadas para albergar población privada de la libertad: disponen de un único baño y espacios reducidos, configurando un hacinamiento que atenta contra la dignidad humana.

 

Tutela favorable ordena acciones inmediatas

En defensa de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad, la salud y la integridad personal, la Defensoría interpuso una acción de tutela que fue fallada favorablemente en primera y segunda instancia el pasado 3 de junio de 2025. En esta acción constitucional la Defensoría reiteró que las estaciones de Policía son lugares de retención transitoria y no pueden convertirse en centros permanentes de reclusión.

En el fallo, el juzgado ordenó al Distrito de Turbo garantizar en máximo 48 horas una ración alimenticia adecuada y suficiente para todas las personas privadas de la libertad. Además, en un plazo de seis meses deberá adelantar las gestiones necesarias para disponer de inmuebles en comodato o arriendo destinados a centros de detención transitoria que cumplan con las condiciones de seguridad, higiene y salubridad requeridas.

La Defensoría del Pueblo seguirá el cumplimiento de estas órdenes judiciales y reafirma su compromiso de velar por la protección de los derechos humanos de la población privada de la libertad en Urabá Darién y en todo el territorio nacional.