La Defensoría del Pueblo, en visita de seguimiento, evidenció falencias en la atención a las familias afectadas por el incendio ocurrido la noche del pasado 11 de abril, que dejó 77 viviendas destruidas en el asentamiento Los Álamos, en Ibagué, Tolima. 

Durante la verificación, se constató que los lugares donde se albergan a las personas damnificadas no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar alojamientos temporales dignos, lo que compromete sus derechos fundamentales y su bienestar.

La Defensoría del Pueblo considera urgente que la Alcaldía de la ciudad, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las demás entidades competentes adopten las medidas necesarias que permitan garantizar los derechos de las 182 personas afectadas, entre quienes se encuentran niñas, niños, adolescentes y personas mayores.

Finalmente, la entidad reitera la necesidad de avanzar en soluciones estructurales frente a las condiciones de vivienda y medios de vida de la comunidad afectada, que permitan superar la situación de vulnerabilidad y prevenir nuevos riesgos.