Bogotá D.C., 21 de mayo de 2025, (@Defensoriacol). En el marco del Día de la Afrocolombianidad, y a tres décadas de la promulgación del Decreto 1745 de 1995, la Defensoría del Pueblo reitera su llamado vehemente al Estado colombiano para que se garantice de manera plena y efectiva el derecho colectivo al territorio de los pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros. Esta fecha, que conmemora los invaluables aportes de estas comunidades a la construcción de la nación, nos obliga a reflexionar sobre los desafíos persistentes que impiden el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Según la Comisión de la Verdad, la presencia de población afrodescendiente se extiende al 97.68% de los municipios del país, con una concentración del 76% en las regiones del Pacífico y Caribe (DANE 2018). Sin embargo, esta vasta presencia contrasta con la precariedad en el acceso a servicios básicos: el 84% de los territorios colectivos de comunidades negras carecen de acueducto y el 49% no tienen energía eléctrica, de acuerdo con el DANE (2018).

Deuda histórica y racismo estructural

El Decreto 1745, que reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1993, fue un hito en el reconocimiento de los derechos territoriales. No obstante, la reglamentación integral de esta ley, que a su vez reglamenta el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 que reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando zonas baldías de acuerdo a sus prácticas tradicionales, usos y costumbres, sigue siendo una tarea pendiente. El Informe Final de la Comisión de la Verdad es contundente al señalar que el racismo estructural, el trato colonial y la violencia sistemática han marcado la experiencia de estos pueblos en Colombia. A pesar de que se han titulado más de 5.7 millones de hectáreas a través de 297 consejos comunitarios, según la Agencia Nacional de Tierras, las brechas para una gobernanza territorial justa y equitativa son aún significativas.

La doble vulnerabilidad de las Mujeres Afrodescendientes

Particularmente crítica es la situación de las mujeres afrodescendientes. Históricamente guardianas de la biodiversidad y las prácticas ancestrales, su labor es crucial para la soberanía alimentaria y la preservación de ecosistemas vitales. A pesar de ello, enfrentan múltiples barreras para acceder a la tierra, ejercer autoridad en sus territorios y decidir sobre el desarrollo de sus comunidades. Estas desigualdades se traducen en indicadores socioeconómicos alarmantes: según cifras del DANE (2024-2025), el 19.8% de las personas afrodescendientes viven en situación de pobreza multidimensional, frente al 9.6% de quienes no pertenecen a pueblos étnicos. La tasa de desempleo para las mujeres afrodescendientes se dispara al 17.8%, ocho puntos por encima del promedio nacional, lo que evidencia una profunda deuda histórica.

Un llamado a la acción urgente

En el marco de esta conmemoración, la Defensoría reafirma su compromiso con la defensa de los derechos colectivos al territorio y con el impulso de una reglamentación integral de la Ley 70. A pesar del reconocimiento constitucional de 1991 y los avances normativos en las décadas siguientes, persisten enormes desafíos para garantizar plenamente los derechos de las comunidades afrodescendientes, especialmente en lo relacionado con la tierra, la autonomía y la justicia étnico-racial.

La Defensoría del Pueblo insta al Estado colombiano a avanzar con urgencia en la implementación integral de la Ley 70 de 1993, el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, y la garantía efectiva de los derechos territoriales de los pueblos afrodescendientes. Esta acción debe incorporar un enfoque étnico, de género, interseccional y territorial, reconociendo la complejidad y diversidad de las comunidades afrocolombianas.

 

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