Entre el 13 de marzo y el 15 de abril, la Defensoría del Pueblo realizó seguimiento al Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia e identificó múltiples manifestaciones de violencia política que están afectando el debate democrático y el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.

"El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia", advirtió la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Un panorama de violencia desigual

El análisis evidenció amenazas de muerte, estigmatización y difamación que no afectan a todas las candidaturas por igual y que están reproduciendo desigualdades estructurales. Se registró una alta recurrencia de violencia contra las mujeres en política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientación sexual diversa y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas.

Entre los casos identificados se encuentran:

• Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins han sido objeto de violencia contra las mujeres en política, violencias por prejuicio, estigmatización y difamación.
• Iván Cepeda y Aida Quilcué enfrentan con alta recurrencia estigmatización y difamación.
• Luis Gilberto Murillo y Aida Quilcué han sido objeto de afirmaciones racistas.
• Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo han enfrentado situaciones de difamación.
• La campaña de Sergio Fajardo ha recibido lenguaje ofensivo.

Estas violencias son amplificadas en entornos digitales y, en algunos casos, por voces con alta visibilidad pública, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves, propicia escenarios de autocensura y silenciamiento, y afecta de forma especial la relación de las juventudes con la democracia y la confianza institucional.

Desinformación y polarización

A este panorama se suma la desinformación como herramienta de deslegitimación política, mediante señalamientos que asocian a candidaturas con ilegalidad, criminalidad o actores armados. La extrema polarización tiende a negar espacio a posiciones intermedias. Estas dinámicas se presentan en contextos atravesados por el conflicto armado y la criminalidad organizada.

Recomendaciones

En coherencia con el Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz, la Defensora del Pueblo formuló las siguientes recomendaciones:

• A la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP): reforzar sus actuaciones para mitigar estas situaciones en el marco de sus competencias.
• A las plataformas digitales: actuar con debida diligencia frente a los contenidos de violencia política.
• A los movimientos políticos y las campañas: rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos.
• A los medios de comunicación y actores con influencia en la opinión pública: no amplificar estas prácticas.
• A la sociedad civil y a la ciudadanía: participar de manera activa y responsable para no contribuir a un ambiente negativo para el debate democrático.

El Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz es convocado por la Defensoría del Pueblo, la Delegación para las Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp/OEA) y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, con el apoyo metodológico de la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia).

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Vea aquí el pronunciamiento completo de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz: