La primera semana de diciembre estuvo marcada por el deterioro de la situación de orden público en cuatro departamentos. Masacres, desplazamientos y secuestros estuvieron en el orden del día en Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare. Una ola de violencia por la que la Defensoría del Pueblo pidió a los grupos armados respetar los principios de proporcionalidad y distinción hacia la sociedad civil, y al Gobierno reactivar las mesas de diálogo con el ELN y las disidencias de 'Calarcá'.

La defensora Iris Marín mostró su preocupación por las graves vulneraciones de estructuras organizadas "que continúan afectando tanto a las comunidades de esos departamentos como de otras regiones de Colombia".

El recuento de las afectaciones por el que encendió las alarmas incluye el saldo de 11 personas muertas por enfrentamientos entre las disidencias de alias 'Calarcá' y el grupo 'Comandos de la frontera', dos facciones residuales de las extintas Farc que se disputan el control territorial.

También el secuestro "de mujeres entre octubre y noviembre del año en curso en los municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil, en Caqueá. Una de ellas se encuentra en estado de embarazo", informó el Ministerio Público.

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