Durante los últimos tres meses, Medicina Legal reportó 27 denuncias por desaparición en ese municipio aledaño a Bogotá.

La Defensoría del Pueblo formuló un nuevo llamado a las autoridades nacionales y territoriales para no descuidar las medidas y recomendaciones emanadas de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas en relación con los factores de riesgo para el ejercicio de los derechos humanos en las comunas de Soacha, frente a los cuales la Entidad del Ministerio Público emitió la última nota de seguimiento en Septiembre pasado.

 

Precisamente, desde esa fecha hasta el momento, el Instituto Nacional de Medicina Legal, ha reportado la ocurrencia de 39 homicidios en ese municipio, 20 de ellos cometidos con arma de fuego y 18 con arma cortopunzante.

 

Vale la pena indicar que si bien existe una reducción en el índice de muertes violentas, toda vez que mientras a Noviembre del año pasado se registraron 173 casos en Soacha, frente a 140 para el mismo período de 2015, la situación sigue siendo preocupante, pues por ejemplo coincide la victimización entre los jóvenes. En ambos casos, la mayor proporción de asesinatos se dio en el rango entre los 20 y los 29 años, con el 40 por ciento del acumulado de muertes violentas. De los 140 homicidios reportados en los últimos 11 meses, 94 fueron cometidos con arma de fuego y 42 con armas cortopunzantes.

 

En cuanto a las denuncias por desapariciones, llama la atención que mientras en lo corrido del año Medicina Legal registra 96 casos, desde Septiembre cuando fue emitida la última alerta de la Defensoría del Pueblo, van 27, 16 correspondientes a hombres y 11 a mujeres, 20 de quienes aún se desconoce su paradero.

 

Justamente, en la última Nota de Seguimiento emitida por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, se identificaron condiciones de vulnerabilidad en varios barrios de comunas como La Despensa, San Mateo, Centro, San Humberto, Compartir y Altos de Cazucá, donde la Institución mantiene un esfuerzo encaminado a fortalecer el tejido social y a promover el empoderamiento de la comunidad para la protección de sus garantías fundamentales a través de la Casa de los Derechos.

 

El informe de advertencia señala que todavía hay presencia de grupos armados ilegales, los cuales a través de otras estructuras menores de la delincuencia común conocidas como "puntos", "parches" o "combos", influyen y causan zozobra mediante acciones de control social basadas en el desarrollo de economías criminales. Es así, como según el documento elaborado por el SAT, hay instrumentalización para el expendio de alucinógenos, actividades de sicariato y cobro de extorsiones. Estos hechos, muchas veces terminan poniendo en peligro a sus propios autores, pues cuando los grupos armados ilegales consideran replantear las alianzas, resultan siendo víctimas de las llamadas "limpiezas sociales".

 

En este marco, alternativas  como la Casa de los Derechos de la Defensoría del Pueblo son fundamentales, pues parte de la estrategia de los violentos consiste en amenazar a líderes y lideresas para frustrar escenarios de articulación comunitaria, pero más urgente aún es la intervención de las autoridades competentes para judicializar a los responsables, asumir el control pleno del municipio y acudir con planes de atención integral para los habitantes naturales de Soacha y para los cientos de desplazados que han ido asentándose en esa localidad, donde el miedo persiste, como lo evidenció la Defensoría a través de algunos testimonios recogidos en el terreno.