El impacto de la explosión destruyó también dos patrullas de la policía y cuatro motocicletas de patrullaje además de los innumerables daños a las viviendas de los vecinos del lugar, contribuyendo así a empeorar las difíciles condiciones de vida de los habitantes de una zona de la ciudad muy vulnerable social y económicamente.

También rechazó la Defensoría los hechos ocurridos en la madrugada del jueves en el municipio de Tuluá -Valle del Cauca, donde fueron incineradas dos tractomulas en la doble calzada y donde ocho personas armadas retuvieron a la fuerza una ambulancia que se dirigía de Jamundí a Medellín en misión médica, acción que constituye una clara violación de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.

A esta escalada de violencia se suman los 15 militares muertos el lunes pasado en una emboscada en el sector de La Carbonera, en la vía Tibú - La Gabarra (Norte de Santander) y el civil muerto y los 21 militares heridos en Bogotá el mismo día luego de la explosión de un carrobomba, dos hechos repudiables que, a juicio de la Defensoría del Pueblo, atentan contra la normativa humanitaria y merecen la enérgica condena de toda la ciudadanía.

El miércoles, también en la capital colombiana, fue hallado un taxi cargado con casi 100 kilos de explosivos. En las dos últimas semanas las autoridades han desactivado varios artefactos en Bogotá y en los departamentos de Arauca y Santander, entre otros, y han confiscado centenares de kilos de sustancias para preparar bombas.

Otro ataque que produjo el rechazo de la Defensoría del Pueblo, ocurrió el jueves en una carretera rural de Chaparral -Tolima, donde un soldado y cinco civiles, entre ellos dos niños y una mujer, resultaron heridos al recibir disparos, presuntamente de la guerrilla, cunado se movilizaban en un vehículo que normalmente transporta campesinos y que esta ocasión llevaba soldados y labriegos. 

La Defensoría también conoció sobre la desactivación el jueves, por parte de unidades del ejército, la policía y el DAS, de un camión que se encontraba cargado con explosivos, abandonado en cercanías al Batallón de Infantería Boyacá en la ciudad de Pasto.

Insistentemente la Defensoría del Pueblo ha reclamado a los actores del conflicto armado, que en la guerra no todo está permitido y que están expresamente prohibidos ciertos medios y métodos y en especial los ataques indiscriminados que afectan y victimizan a la población civil.

La remetida terrorista de los últimos días nos demuestra que los grupos armados ilegales no tienen ningún respeto por la vida humana y que sus acciones violentas solo han traído la muerte de civiles inocentes y de miembros de la Fuerza Pública.

Por ello, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las FARC y a los demás grupos armados ilegales a que privilegien el diálogo político sobre la inutilidad de la confrontación y construir así espacios indispensables para que el gobierno pueda llegar a un acuerdo integral de paz con todas esas agrupaciones.