Por: Delegada para Grupos Étnicos

La Defensoría del Pueblo se une a esta conmemoración haciendo un llamado para que la libertad, la igualdad, la inclusión y el respeto sean los pilares en la consecución de un orden social justo. Nuestro mayor desafío es crear oportunidades para contribuir al desarrollo del país, de manera que todas las formas de discriminación sean erradicadas de todos los ámbitos de la vida cotidiana. Deben transformarse en acciones dirigidas a eliminar todas las barreras que impiden alcanzar la igualdad real de derechos.

Ante todo, es un compromiso de la educación, la familia, el trabajo, contribuir al rescate de la dignidad humana para que nadie sea discriminado por sus condiciones de raza, sexo, creencias, pertenencia étnica y cultural, filosófica y de nacionalidad. La lucha contra el racismo y la discriminación es una tarea de todos.

La construcción de la democracia en el mundo contemporáneo necesita de acciones que visibilicen los temas estructurales que afrontan distintos grupos sociales que han sido marginados y perseguidos por sus condiciones de raza, etnia, creencias, entre otros. Por esta razón, se debe empoderar a la sociedad desde los ámbitos laborales, educativos y sociales por una justicia racial que reivindique sus luchas en la construcción de un mundo más fraterno y comprometido en los procesos de transformación, teniendo como base la inclusión y la participación en todos los escenarios de la vida política, social y cultural de una nación. La democracia la hacemos todos, pero para ser cumplible esta meta, es necesaria la concientización de un mundo posible donde no existan barreras raciales para su normal desarrollo y ejecución. 

Se requiere de un mayor compromiso de los Estados en ajustar sus mandatos jurídicos, para que sus leyes no sen laxas, sino eficientes en la lucha que han emprendido distintas organizaciones en el plano nacional e internacional por erradicar todas las formas de discriminación. La Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado el principio de “no discriminación racial”, al manifestar que:” Las reglas y principios que inspiran el estado social y democrático de derecho que es Colombia, excluyen los actos de discriminación en contra de cualquier persona. Son actuaciones contrarias al principio de dignidad humana y, por tanto, proscritas del orden constitucional vigente. Cuando tales actos conllevan una puesta en escena, ante un grupo de personas que hacen las veces de público, la discriminación implica afectaciones inmateriales a la dignidad que han de ser especialmente valoradas por el juez constitucional, de acuerdo con las reglas aplicables”.

La Defensoría ha promovido diferentes actividades en pro de la consolidación de un contexto en el que los derechos de las comunidades étnicas sean una realidad concreta. Por medio del ejercicio de acciones públicas de inconstitucionalidad, populares o de tutela, ha promovido sus derechos al territorio y a la identidad étnica y cultural de diversos pueblos; ha adelantado investigaciones que han conducido a la expedición de Resoluciones Defensoriales para la protección de sus derechos y ha presentado, en varias ocasiones, un proyecto de ley estatutaria que busca desarrollar la igualdad y la no discriminación que incluye la definición de actos discriminatorios referidos a grupos específicos e incorpora sanciones para quienes incurran en ellos.

La Defensoría viene comprometida en la lucha contra la discriminación, y en sus diferentes estrategias ha desplegado actividades orientadas a sensibilizar a las autoridades y la sociedad en general sobre prácticas, patrones y actitudes discriminatorias que afectan de manera sensible los derechos de las distintas comunidades a existir como pueblo y a desarrollarse conforme a los postulados de su propia cosmovisión. La Defensoría entiende la necesidad de que se garanticen en forma efectiva los derechos de tales comunidades, superando los obstáculos para promover su realización.