La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, adelantó una mesa de pesca artesanal y capacitación en derechos humano, dos actividades dirigidas a fortalecer y profundizar el acompañamiento que se realiza a las comunidades de pescadores artesanales en la isla de Providencia, afectadas por los impactos del huracán Iota, y en general, vulneradas en sus derechos fundamentales. 

En la jornada que se llevó a cabo en la sede de la Cooperativa de Fish and Farm, se trabajó en el reconocimiento y protección de los derechos de los pescadores, y se abordaron aspectos que aún se encuentran pendientes después del desastre causado por el huracán. Este proceso se ha estructurado en el marco de un convenio entre la Defensoría del Pueblo y el Instituto Danés de Derechos Humanos.

Los dos módulos de formación en derechos permitieron identificar aspectos claves para garantizar la seguridad en las faenas de pesca, mejorar la cadena de frío, fortalecer los controles y prevenir la pesca ilegal por parte de actores externos. En colaboración con las asociaciones de pescadores de Providencia, se identificaron los elementos centrales para la formulación de un plan estratégico de protección de derechos para abordar estas problemáticas y asegurar el bienestar y la sustentabilidad de la actividad pesquera en la región.

Los líderes de las cuatro asociaciones que integran la Federación de Pescadores de Providencia hicieron hincapié en la importancia de reconocer y garantizar el derecho al trabajo de sus colegas, promover su desarrollo integral, involucrar un enfoque diferencial y de reconocimiento étnico. Señalaron que el modelo pesquero actual desconoce el carácter étnico del territorio y destacaron la importancia de reconocer que la isla de Providencia es una reserva mundial de la biosfera, lo cual implica un derecho de las futuras generaciones a la prevalencia de las especies.

Los participantes de esta actividad de promoción de derechos plantearon la necesidad de una política de desarrollo pesquero basada en la soberanía alimentaria, que garantice el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros en manos de pescadores artesanales y evite la explotación irracional por parte de actores externos y empresas industriales. 

Así mismo, propusieron desarrollar un plan estratégico de inversión y desarrollo a largo plazo en coordinación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), el Ministerio de Agricultura, la Cancillería, la Agencia de Desarrollo Rural, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR), y la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (COTECMAR), entre otras, que oriente las acciones y prioridades para fortalecer la actividad pesquera en la isla de Providencia. 

Durante la jornada, la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, también propició una mesa de pesca artesanal en las instalaciones de la Asociación Ifish, que contó con la presencia de los representantes y directivas de las cuatro asociaciones de pescadores artesanales que conforman la federación de este gremio en las islas de Providencia y Santa Catalina. Allí se trataron temas tales como la escalada del conflicto, la posible ola de violencia en la disputa de los recursos pesqueros dadas las denuncias de pesca ilegal, y la situación problemática que puede venir con el cese de la veda de langosta.

En la mesa, los líderes de la Federación de Pescadores de Providencia, expusieron su preocupación sobre la acción popular radicada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el pasado 2 de junio de 2023. Solicitaron la derogatoria de la resolución 2565 de 2022 emitida por la Gobernación de San Andrés, que ha generado conflictos y contradicciones en cuanto a los intereses de los pescadores artesanales de las islas y las empresas que traen de manera indebida personas foráneas a pescar en zonas y tiempos protegidos por los acuerdos pesqueros en el territorio. 

Los participantes compartieron sus puntos de vista en un debate constructivo en busca de soluciones certeras que protejan los recursos pesqueros y aseguren un ordenamiento que respete los derechos adquiridos de la comunidad de pescadores artesanales. La Defensoría del Pueblo acordó enviar una carta al gobernador para que convoque de manera urgente la Junta Departamental de Pesca, y puedan tomarse medidas perentorias para proteger los recursos pesqueros e hidrobiológicos de las islas.