Bogotá D.C., 19 de mayo de 2025, (@Defensoriacol). La Defensoría del Pueblo participó en la audiencia pública convocada por la Comisión Cuarta del Senado de la República para analizar el proyecto de ley de reforma laboral. Durante su intervención, la entidad subrayó los avances que este proyecto representa en la garantía progresiva de derechos laborales y en el cumplimiento de estándares internacionales relacionados con el trabajo decente, en línea con los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ejercicio de su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo presentó una valoración técnica del articulado. La institución destacó que la reforma constituye un avance en la garantía del derecho humano al trabajo y en la generación de condiciones más equitativas en el ámbito laboral, reconociendo las desigualdades históricas y estructurales que enfrentan diversos sectores de la población.

Desde un enfoque diferencial, la Defensoría resaltó que el proyecto de reforma laboral fortalece la protección de personas y colectivos con especial protección constitucional, incluyendo mujeres trabajadoras, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, jóvenes aprendices, madres comunitarias y trabajadoras del servicio doméstico.

La entidad enfatizó que esta iniciativa legislativa no debe ser abordada únicamente como una medida de política de empleo, sino como una herramienta normativa para garantizar condiciones laborales dignas. En este sentido, la reforma actualiza disposiciones claves del Código Sustantivo del Trabajo, lo que permite avanzar hacia relaciones laborales más justas y respetuosas de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Asimismo, se hizo énfasis en que la ausencia de una actualización normativa en el ámbito laboral incrementa la conflictividad y genera sobrecarga para el sistema judicial. Entre 2019 y 2020, el 61% de las acciones de tutela relacionadas con el trabajo estuvieron vinculadas al no pago de salarios, prestaciones sociales y otros elementos de estabilidad laboral.

Entre las recomendaciones presentadas, la Defensoría del Pueblo hizo énfasis en la necesidad de reincorporar el artículo que permitía a parejas del mismo sexo decidir de manera corresponsable sobre el uso de licencias de maternidad y paternidad. La exclusión de esta disposición constituye una regresividad en materia de igualdad y desconoce la diversidad de modelos familiares existentes.

Finalmente, la entidad destacó que las pequeñas y medianas empresas deben contar con el acompañamiento y apoyo técnico del Estado para implementar las disposiciones de la reforma, garantizando una transición equitativa y sostenible que no afecte los derechos laborales.