Defensoría del Pueblo hace llamado a fortalecer los mecanismos de protección de DDHH
- Sáb, 04 oct 2014
Luego de conocer el informe que hoy presentó la Alta Comisionada de las Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia, Otálora Gómez destacó que a pesar de la situación de conflicto armado en el cual se comenten violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, Colombia registra avances importantes como el reconocimiento de la situación de DDHH por parte del Gobierno, la valoración de la labor de los defensores de DDHH, el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto y la lucha contra la impunidad, entre otros.
En su informe, “la Alta Comisionada reconoce el papel de la Defensoría del Pueblo en la defensa y promoción de los derechos humanos. Señala en particular la contribución de los analistas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y de los defensores comunitarios, que trabajan con recursos muy limitados y corren grandes riesgos. La Alta Comisionada acoge con satisfacción la incorporación de estos funcionarios en el personal de la Defensoría del Pueblo y hace hincapié en la necesidad de que las medidas que adopten las autoridades nacionales y regionales se fundamenten en la labor de dichos funcionarios”.
Durante la presentación del informe, el Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, resaltó además que su oficina trabaja a diario con personal de la Defensoría del Pueblo desarrollando misiones conjuntas y labores de análisis y seguimiento.
A pesar de los avances, la Defensoría del Pueblo coincide con la Oficina de la ONU en relación con los desafíos que enfrenta el país para la realización efectiva de los derechos humanos: superar las causas que generan el desplazamiento forzado; lograr la protección de los defensores y defensoras de DDHH y líderes reclamantes de tierras, y garantizar que las víctimas del conflicto alcancen la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Al respecto, la Defensoría ha venido alertando de manera permanente sobre las amenazas que en algunas regiones del país afectan a los defensores de derechos humanos. De la misma forma, ha venido denunciando la difícil situación humanitaria en varias zonas del país, entre las que se destacan recientemente el caso de Buenaventura y el Chocó, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales.
En los dos últimos años, por ejemplo, se presentaron cerca de 1.400 quejas y denuncias por presiones y hechos que amenazan la integridad de los defensores de DDHH, reportes que han significado la declaratoria de alerta en 122 municipios en 23 departamentos del país.
Para el Defensor del Pueblo, es claro que los mayores responsables de la afectación de los derechos humanos son los grupos armados ilegales, principalmente aquellos que emergieron después de la desmovilización de las ‘autodefensas’: Los urabeños, Los rastrojos, Las águilas negras, los paisas y La empresa, entre otras. El 80% de los reportes corresponde precisamente a situaciones generadas por estas organizaciones.
Ahora bien, la Defensoría del Pueblo no puede desconocer que hablar de derechos humanos en el país es todavía visto como un tema de los sectores de la oposición y su estigmatización sigue generando riesgos para los defensores de DDHH, quienes son objeto de amenazas, persecuciones y señalamientos.
Además, dada la implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, los líderes sociales de aquellas comunidades afectadas por el conflicto aumentan su exposición y riesgo.
Al respeto el Defensor del Pueblo valora el reconocimiento que se ha hecho de las víctimas pero advierte serias falencias para la implementación de la Ley, una de las cuales tiene que ver con la falta de recursos para instituciones que, como la Defensoría, juegan un papel fundamental en la defensa de los DDHH.
A pesar de la situación, Otálora Gómez recordó hechos positivos como la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de sacar al país de su ‘lista negra’ el año pasado y la voluntad de la fuerza pública para capacitar a sus miembros en la materia, gracias al apoyo de Defensoría, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la misma ONU, como una forma de contribuir a la disminución de casos de violación de DDHH que comprometan la responsabilidad de agentes del Estado.
