Al mismo tiempo, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de sacar al país de la ‘lista negra’ de derechos humanos y destacó los avances que el país ha venido registrando en esta materia, como el esfuerzo de la fuerza pública para capacitar a sus miembros en la materia gracias al apoyo de Defensoría, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo no puede desconocer que hablar de derechos humanos en el país es todavía visto como un tema de los sectores de la oposición. Esta estigmatización sigue generando riesgos para los defensores de los derechos humanos, quienes son objeto de amenazas, persecuciones y señalamientos. Y dada la implementación de la Ley de Víctimas, los líderes sociales de aquellas comunidades afectadas por el conflicto aumentan su exposición y riesgo.

Según las cifras del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, entre 2010 y 2012 se recibieron 1.400 peticiones de los defensores de derechos humanos por riesgos contra su vida, libertad e integridad personal, el debido proceso, igualdad ante la ley, a no ser sometidos a desaparición forzada, a la intimidad, la libertad de circulación y residencia, la libertad de opinión, de expresión, desplazamiento forzado, honra y buen nombre e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).


De otra parte, en materia de prevención, entre 2009 y julio de 2012 el SAT de la Defensoría ha advertido sobre 81 situaciones de riesgo, 44 informes de riesgo y 37 notas de seguimiento, en las que se identifica como población en riesgo a los defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales y comunitarios de 122 municipios en 23 departamentos del país.

En el mismo sentido, ha identificado que las estructuras armadas ilegales que emergieron con posterioridad a la desmovilización de las Autodefensas (las autodenominadas Águilas Negras, Los Urabeños, Los Paisas, el ERPAC, Los Rastrojos, entre otras estructuras armadas de carácter regional o local) han sido fuente de las amenazas en 65 de las 81 situaciones de riesgo advertidas (80% de los casos) mientras que las Farc se identifica como actor fuente de amenazas en 54 de las situaciones de riesgo advertidas (67%) y el ELN en 24 de ellas (30%).

Para el Defensor del Pueblo, la situación humanitaria del país es compleja por el incremento de las dinámicas de violencia y conflictividad y la debilidad del Estado en responder a sus efectos y en brindar la asistencia a las víctimas, especialmente, de aquellas que son agredidas y violentadas por los grupos armados ilegales. 

“La realidad de la confrontación armada nos muestra que el accionar violento de estos grupos ilegales vulnera gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, no reconocer los efectos que sobre los derechos humanos tienes las acciones de estos grupos es dejar por fuera a las víctimas, incluyendo defensoras y defensores de derechos humanos de la atención de Estado prevista en la Ley 1448 de 2011”, agregó Otálora Gómez.

Por lo tanto, es urgente que el Gobierno Nacional no dude en implementar las medidas efectivas de prevención y protección de los defensores de los derechos humanos, cualquiera sea el actor que genere el riesgo o afecte la realización de sus derechos.