La Defensoría del Pueblo lideró una jornada de sensibilización y desarme en el pabellón 3 del Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro, en Popayán, Cauca. El acto permitió reunir a 236 personas privadas de la libertad (PPL) que decidieron decirle NO tanto al consumo de sustancias psicoactivas como a la prolongación de distintas formas de violencias.

 

Este pabellón, que registra en promedio 83 quejas mensuales por riñas, agresiones y mala conducta, se convirtió en escenario de reconciliación y convivencia pacífica. Los internos entregaron voluntariamente elementos de consumo de drogas y armas blancas, en un gesto honesto que marca un precedente dentro del penal. 

La jornada fue posible gracias al trabajo articulado de la Defensoría del Pueblo, a través de su equipo de Política Criminal y Penitenciaria y su Regional Cauca, con la Personería Municipal, la Procuraduría Regional del Cauca y la Contraloría Departamental. Estas instituciones acompañaron el proceso y participaron en mesas de trabajo previas.

Durante la actividad, además, se llevó a cabo un comité de derechos humanos, en el que se escucharon las voces de líderes de cada pabellón. Los temas abordados incluyeron salud, alimentación y el acceso a encomiendas, una preocupación constante para la población carcelaria de San Isidro, que tiene más de 2.400 internos.

Como resultado, se pactaron compromisos concretos: jornadas jurídicas en el marco del ‘programa 1542’ (Decreto 1542 de 1997, que establece medidas para la asistencia jurídica y revisión de la situación legal de los presos en el país, a fin de facilitar la solicitud de beneficios administrativos y promover la resocialización. Este decreto busca mejorar los procesos penitenciarios, especialmente mediante el trabajo con la Defensoría, para proveer asistencia legal a quienes no tienen recursos). 

También fue pactada la revisión del reglamento interno, con el propósito de facilitar el ingreso de elementos de aseo y primera necesidad, y la instalación de una mesa penitenciaria en el consejo de seguridad para tratar temas estructurales del establecimiento carcelario.

Garantizar los derechos de las PPL es un imperativo del Estado, porque preserva su dignidad humana. Se constituye es un pilar para su rehabilitación y reincorporación social, además de que previene abusos y violaciones de derechos fundamentales que pueden ocurrir en reclusión. 

Al asegurar el respeto por sus derechos, como el acceso a la salud, alimentación, educación y condiciones dignas de vida, se les devuelve una visión de vida y se evita que el sistema penitenciario sea visto como un lugar de deshumanización que perpetúa la exclusión social. 

La Defensoría del Pueblo deja claro su trabajo por la dignidad, los derechos humanos y la transformación de espacios marcados por distintos tipos de violencias, promoviendo acciones que construyan hechos reales de paz en los centros penitenciarios.