La Entidad recordó que el pasado 27 de abril, en virtud de un estudio publicado por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, adscrita a la OMS, el Ministerio de Salud recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender las fumigaciones, concepto que fue respaldado por la Defensoría del Pueblo.

Para la Institución, proteger los derechos a la salud y al medio ambiente resulta prioritario, como lo señaló la Corte Constitucional a través del auto 073 de 2014, en el que solicitó al Gobierno la aplicación del principio de precaución, antes mencionado.

Vale la pena tener en cuenta que entre febrero y marzo de 2015, la Defensoría realizó una visita a 10 comunidades indígenas asentadas en los municipios de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón, en el departamento del Putumayo, donde entrevistó a 378 familias conformadas por 1.378 personas que manifestaron presentar problemas de salud como consecuencia de las fumigaciones, las cuales según los pobladores contaminaron al menos 15 fuentes hídricas y echaron a perder cultivos de caucho, maíz y plátano, entre otros productos.

Precisamente, en el caso del Catatumbo los acuerdos suscritos con las comunidades, otorgan una especial importancia a los programas de sustitución voluntaria, por lo que la Defensoría del Pueblo considera pertinente privilegiar dicha estrategia y avanzar en soluciones concertadas para la erradicación de las plantaciones ilegales.