Sincelejo, Sucre, 21 de mayo de 2025 (@DefensoriaCol). Una serie de falencias estructurales, de salud y de servicios evidenció la Defensoría del Pueblo en una visita que realizó al interior del Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Sincelejo, lo cual vulnera los mínimos asegurables constitucionales a los que tiene derecho la población privada de la libertad.

Aunque el establecimiento no presenta hacinamiento y continúa recibiendo personas privadas de la libertad provenientes de los Centros de Traslado por Protección, se constató una preocupante situación en la garantía del derecho a la salud. Las personas privadas de la libertad denunciaron la existencia de numerosas citas médicas represadas, debido a que el Fondo de Atención en Salud no cuenta con un contrato vigente que permita la prestación oportuna del servicio. Esta situación ha obligado a los internos a interponer acciones de tutela como mecanismo para acceder a atención médica básica.

La precariedad también se evidencia en el área de sanidad, donde solo un médico atiende a toda la población carcelaria, generando una congestión que afecta gravemente la calidad y oportunidad de la atención.

 

Asimismo, servidoras y servidores de la Regional Sucre detectaron múltiples falencias en la infraestructura física del centro penitenciario: humedad excesiva, deterioro generalizado en los patios, áreas de cocina inadecuadas, cuartos de refrigeración fuera de servicio, zonas para el manejo de alimentos en mal estado y utensilios de cocina deteriorados o inservibles. A esto se suma la ausencia de fiambreras para la distribución de los alimentos, lo cual impacta negativamente en la salubridad y dignidad del proceso de alimentación de los internos.

Las condiciones laborales tanto del personal como de la población privada de la libertad y de quienes trabajan en el área de cocina también son deficientes. Las instalaciones no cuentan con ventilación adecuada, lo que genera acumulación de vapores y olores, afectando el ambiente y la salud.

Aunque los servicios de agua y energía eléctrica son relativamente constantes, se presentan fallas ocasionales en el suministro eléctrico, lo que interfiere con el funcionamiento del sistema de internet y, por ende, con el acceso a algunos derechos y servicios fundamentales.

La Defensoría lamenta además que los municipios del departamento aún no hayan celebrado los convenios interadministrativos requeridos para garantizar el acceso de las personas privadas de la libertad a bienes y servicios básicos, incumpliendo así lo establecido en la Sentencia SU-122 de 2022 proferida por la Corte Constitucional, lo cual agrava aún más la situación.

En virtud de lo anterior, la Defensoría del Pueblo hace un llamado respetuoso pero firme a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para que adopte de manera inmediata medidas expeditas, eficientes y sostenibles, que permitan mitigar en el corto plazo estas problemáticas, y planteen soluciones de fondo a largo plazo. Todo ello con el objetivo de garantizar el respeto y la protección integral de los derechos humanos de la población carcelaria.