Las víctimas que van a La Habana, se ven enfrentadas a revivir el dolor y el sufrimiento de su situación particular. Algunas de ellas hacen parte hoy de colectivos y organizaciones que buscan la realización de los derechos de personas, que como ellas, han padecido el rigor del conflicto.

El país entero, la ciudadanía, sus compañeros y compañeras, así como la institucionalidad, deben rodearlas, protegerlas y brindarles la más amplia solidaridad. No pueden ser revictimizadas, no podrán ser estigmatizadas y por el contrario deben ser reconocidas como luchadoras por la paz.

Los actores armados, y particularmente quienes les infringieron tanto dolor, tienen la obligación de reconocer su responsabilidad y contribuir a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantizar la no repetición.

El Defensor del Pueblo reitera que la entidad a su cargo, brindará a estas personas y sus familias un acompañamiento decidido, tanto desde el nivel regional como nacional, a través del monitoreo del riesgo, la asistencia psico-jurídica, la atención de sus peticiones y el impulso a la gestión de las instituciones oficiales, a la vez que exhorta a que las entidades competentes del Gobierno, para que adopten en favor de ellas y de sus familias, todas las medidas necesarias a fin de garantizar su seguridad y bienestar.