La Defensoría del Pueblo avanza en su rol de mediadora y garante de derechos en las mesas de seguimiento a los acuerdos firmados el pasado 21 de junio entre el Gobierno Nacional y los representantes del paro cívico que se adelantó en Arauca, con el fin de encontrar soluciones definitivas a la crisis ocasionada por la emergencia invernal.

Las mesas de trabajo que se adelantaron entre el 4 y el 6 de julio en Bogotá, con el acompañamiento de la Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social, tuvieron como objetivo avanzar en la elaboración de una hoja de ruta que defina acciones, tiempos, recursos y responsables, tanto del orden nacional como territorial, así como de las empresas petroleras, para atender de manera eficaz la crisis provocada por la temporada de lluvias y las consecuentes afectaciones a la productividad en el departamento.

Las jornadas contaron con la participación de la comisión de voceros de la comunidad, representantes de los ministerios del Interior, Minas, Agricultura, Transporte, de la Consejería Presidencial para las Regiones, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Agencia de Renovación del Territorio  (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Agrosavia. También asistieron el gobernador de Arauca, el alcalde de Fortul y Arauca delegados de las empresas PAREX y SierraCol Energy, entre otros.

Las manifestaciones pacíficas iniciaron el pasado 6 de junio y fueron suspendidas el 21 del mismo mes. Durante las primeras conversaciones, adelantadas en Saravena y que también contaron con la mediación de la Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social, como también de la Defensoría Regional Arauca, los líderes del paro cívico argumentaron el abandono estatal en el que se encontraba la mayor parte del departamento.

Durante las expresiones de protesta, la Defensoría del Pueblo garantizó los derechos tanto de los manifestantes como aquellos que no participaron en las movilizaciones. Mientras que funcionarios en terreno verificaron que, pese a los cierres de las vías, no fuera obstruido el paso de ambulancias, alimentos, gas, transporte funerario, como tampoco el tránsito de vehículos que llevaban bienes de primera necesidad.