Pasados los dos primeros meses de la emergencia carcelaria, la Defensoría del Pueblo hizo seguimiento a los sitios de reclusión y encontró además que el represamiento en servicios médicos es de 14.235 casos.

Las cifras de hacinamiento se mantienen estables en el 55 por ciento, con una población de 121.249 internos frente a una capacidad instalada para 78.055, lo que representa un sobrecupo de 43.194 personas. 

De 137 cárceles 91 reportan personal no disponible y 71 están sin medicamentos. En la cárcel de Sincelejo, desde hace 8 meses las personas que padecen VIH no reciben tratamiento.

Actualmente, la cifra de pacientes oficialmente registrados en el sistema es de 9.752, 520 más que los reportados antes de la emergencia carcelaria a nivel nacional. 

A la Defensoría le preocupa que la crisis advertida a comienzos de año en los establecimientos carcelarios se traslade y agudice en los centros de detención transitoria como las URI y estaciones de Policía.

En la estación permanente de Policía de Valledupar, donde hay cupo para 20 personas, permanecen 193, es decir con un hacinamiento que asciende al 870 por ciento. 

“Estas personas apenas contaban con los servicios de un sanitario que por lo demás no se encontraba en las debidas condiciones lo que supone auténticos tratos crueles, inhumanos y degradantes”, indicó José Manuel Díaz, defensor delegado para la política criminal.

Sin embargo, la Defensoría reconoce algunos avances importantes frente al diagnóstico que había hecho señalando que al término del primer trimestre de 2016, el 90 por ciento de las prisiones carecía de todo tipo de asistencia en salud para la población privada de la libertad. Hoy 101 cárceles del país cuentan con red hospitalaria y 114 se han puesto al día respecto a la recolección de residuos hospitalarios. 

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