La Defensoría del Pueblo solicita a todas las instituciones educativas privadas y públicas la eliminación de cualquier práctica discriminatoria que impida el acceso y permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad al momento de desarrollar sus procesos de admisión y de inscripción para el próximo año lectivo 2024.

La Defensoría del Pueblo recuerda a toda la comunidad educativa que es una obligación de todas las instituciones públicas y privadas garantizar el derecho a la educación de dichas personas. Esto implica desarrollar todas las estrategias para acceder al sistema educativo en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad sin discriminación alguna, dentro del modelo social de discapacidad.  

Frente a este tema, la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha advertido que corresponde al Estado el deber de tomar medidas específicas para asegurar el goce efectivo de los derechos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, evitando cualquier tipo de discriminación en el acceso, por ejemplo, al servicio educativo. 

Así mismo, la Corte ha señalado el deber de las entidades estatales de garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la prestación del servicio de educación a personas con discapacidad, el que debe darse en aplicación del derecho a la igualdad y con observancia de las condiciones especiales de cada individuo. En ese sentido, se les debe proporcionar todos los medios necesarios con el fin de obtener un adecuado desarrollo conforme a sus capacidades, a partir de una política inclusiva. 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhorta a las entidades nacionales y territoriales para que, en el marco de sus competencias, asignen los recursos necesarios y adopten las medidas pertinentes y eficaces para eliminar todos los obstáculos y barreras de acceso y permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. De igual manera, fomentar la educación inclusiva y el cumplimiento de la normativa vigente, en particular lo establecido en la Ley 1618 de 2013 y en el Decreto 1421 de 2017, para garantizar el goce efectivo del derecho a la educación de esta población.