Para precisar su alcance se han tenido y se tendrán en cuenta las sugerencias y recomendaciones del señor Procurador General de la Nación. 

Con el fin de adelantar las diligencias necesarias, la Defensoría del Pueblo le ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación información concreta sobre el número de solicitudes que han radicado las víctimas para intervenir en los procesos que se adelanten por la Ley 975 y, de igual manera, a cuántas solicitudes se le ha dado traslado a la Defensoría del Pueblo. 

En el entretanto las Defensorías Regionales de Antioquia y el Atlántico han venido atendiendo su responsabilidad de ofrecerle asesoría y orientación a las víctimas que se han presentado (1.350 en Antioquia y 13 en el Atlántico); hasta la fecha no ha habido solicitudes de representación judicial en Antioquia y tan sólo en 6 casos en el Atlántico. 

Del mismo modo, se permite informar que hasta el presente no se han recibido requerimientos de representación judicial de parte de la Fiscalía General de la Nación en el Departamento de Antioquia, de víctimas presentes o individualizadas, y tan sólo seis casos en el Departamento del Atlántico, como queda dicho. 

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, además del equipo de la Unidad de Atención a Víctimas, ha dispuesto habilitar a los Defensores Públicos en todo el territorio nacional para que atiendan el servicio de representación judicial que se requiera. 

Es importante llamar la atención sobre los esfuerzos que en materia presupuestal implica para la Defensoría del Pueblo, que requiere los recursos logísticos, humanos y técnicos suficientes para asumir esta responsabilidad acorde con los fines que inspiran la Ley de Justicia y Paz.